Si Sadir no pone límites a Morales institucionalmente, Jujuy será Formosa

Si realmente cree en la división de poderes, deberá poner a sus funcionarios a disposición de la Legislatura para ser interpelados cuando corresponda, sin evasivas ni maniobras para esquivar el control parlamentario. Y si habla de transparencia, tendrá que abrir las puertas del Gobierno de verdad, permitir el acceso a la información pública y someter sus decisiones al escrutinio ciudadano: no alcanza con proclamar una nueva etapa si las prácticas del poder siguen siendo las mismas.

Pero este no es un debate reservado a los políticos ni una disputa de nombres propios. Cuando el poder se concentra, los controles se debilitan y la transparencia se convierte en una consigna vacía, las consecuencias las paga la gente: las paga el ciudadano que no puede saber cómo se administran los recursos públicos, el trabajador que ve deteriorarse los servicios, las familias que esperan respuestas del Estado y los sectores más vulnerables que necesitan que cada peso se utilice con responsabilidad.

Sin controles efectivos, aumenta el riesgo de decisiones arbitrarias, gastos injustificados y políticas públicas que no responden a las necesidades reales de la sociedad. Y cuando no hay rendición de cuentas, también se deteriora la confianza en las instituciones y crece la sensación de que existen ciudadanos con privilegios y ciudadanos obligados a soportar las consecuencias.

Sadir tiene por delante el desafío de demostrar que gobierna con autonomía, que no responde a tutelas políticas y que está dispuesto a rendir cuentas. Solo con hechos concretos podrá empezar a despejar las dudas sobre su gestión y evitar que sobre Jujuy se proyecte lo que podría llamarse el «síndrome Formosa»: un modelo de poder concentrado, con controles institucionales debilitados y cuestionamientos sobre la transparencia; porque, al final, la calidad de un gobierno no se mide por la comodidad de quienes mandan, sino por los derechos que garantiza, los recursos que administra y las respuestas que ofrece a su pueblo.

Frente a este escenario, la ciudadanía jujeña no puede resignarse a ser una espectadora de las decisiones del poder. Es necesario involucrarse, exigir información, reclamar respuestas, defender la independencia de las instituciones y pedir que cada funcionario rinda cuentas por sus actos. La democracia no termina en las urnas: se construye todos los días, con participación, compromiso y control ciudadano. No se trata de estar a favor o en contra de un dirigente, sino de defender el derecho de todos a vivir en una provincia donde nadie esté por encima de la ley, donde los recursos públicos se administren con responsabilidad y donde gobernar signifique servir a la gente, no servirse del poder.

Jujuy necesita ciudadanos que pregunten, que no acepten el silencio como respuesta y que comprendan que la transparencia no es una concesión de los gobernantes, sino una obligación; porque el futuro de la provincia no puede quedar en manos de las conveniencias de unos pocos: debe ser una responsabilidad compartida por toda la sociedad.