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Presión de la política sobre los contribuyentes

La estructura de las tarifas de los servicios tuvieron distintas modificaciones durante las dos últimas décadas instalando así, dos rubros altamente regresivos y por ende negativo para los sectores de menores recursos que son los famosos cargos fijos, y los impuestos al consumo instalados en la factura.

Todo incremento de los precios de los servicios necesita contemplar previamente un cambio sustancial en las estructura tarifaria, para que las mismas sean más justas, equitativas y menos regresivas, asunto que para nada es contemplado; en la Jujuy del superávit de Morales.

Para ello, es imprescindible considerar un esquema de consumo que se corresponda con la realidad de la distribución de los ingresos de la sociedad; que el sistema de facturación se efectúe fundamentalmente sobre los niveles de consumo reales, y no sobre los cargos fijos; y en materia de impuesto, su incidencia tenga un efecto menos regresivo.

En la relación existente entre Estado, empresa y ciudadanos, las personas se convirtieron en contribuyentes y usuarios en la misma boleta.

Por esta razón, es fundamental conocer al momento de analizar los cargos tarifarios, conocer acabadamente la capacidad financiera y contributiva de los ciudadanos.

Es decir, conocer su realidad, cuya crisis se revela con el análisis del nivel de precarización de la calidad del empleo, y de los niveles de ingreso de la población ocupada, y la de sus respectivos hogares.

En cualquier lugar medianamente razonable, a la hora de fijar las tarifas se elabora un mapa exacto de la situación socio económica de la población objetiva, o sea cada lugar que posea un medidor de luz. En Jujuy el 65% de los jujeños son pobres.

A esto indefectiblemente tenemos que sumarle la alarmante precariedad de la situación laboral, toda vez que el "trabajo en negro" representa en Jujuy más del 50%.

En otro orden, también como dato ilustrativo de la realidad jujeña, el 25% de la población económicamente activa es beneficiaria de un plan social.

Los trabajadores, con el producido de su renta, deben afrontar su condición de consumidor, de contribuyente, y de usuario de servicios públicos.

El gobierno de Morales, lejos de encontrar una alternativa que pudiera morigerar el incremento de tarifas de los servicios públicos en favor de los usuarios, avanzó despiadadamente con incrementos brutales e impagables, pero además y haciendo gala de un singular caradurismo, justificó este tarifazo, que es de estricto orden provincial, aduciendo que está por debajo de la inflación y que los jujeños lo pueden pagar.

Este nuevo tarifazo tendría que haber sido analizado de acuerdo a la incidencia de los impuestos aplicados, de manera que tales aumentos, que ya representan un excedente en la carga para los ciudadanos, no resulte aún superior.

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