Denuncian que las sobrecargas son constantes, que la falta de luz afectó a niños con autismo y personas oxígenodependientes, y que ni EJESA ni la SUSEPU les dan soluciones inmediatas.
Jujuy atraviesa una dura crisis energética que el gobierno ya no puede ocultar.
Sin ir muy lejos, en los últimos días, emitió un decreto de emergencia y anunció que habrá sanciones de $500 millones a EJESA por los cortes de luz, además de establecerse un esquema de resarcimiento para los usuarios que sufrieron las interrupciones prolongadas del servicio.
De igual manera, las medidas no son suficientes y los reclamos continúan.
La indignación y el hartazgo se profundizaron en el barrio Sargento Cabral, el primer loteo habitacional de la zona de Alto Comedero.
Tras permanecer a oscuras durante cuatro días, las familias del sector se autoconvocaron e iniciaron gestiones ante la empresa distribuidora EJESA y el ente regulador SUSEPU, exigiendo una respuesta que lleva décadas de retraso.
Gladys Suárez, vecina del sector, dialogó con Radio 2 y describió el calvario que afrontan más de 800 familias debido a una infraestructura eléctrica obsoleta que colapsa ante la mínima variación climática. "Hace 38 años pusieron dos transformadores para 200 casas. Hoy somos más de 800 viviendas y nunca los cambiaron. Cada 10 o 15 días los transformadores explotan y los cables arden. Las cuadrillas vienen, pegan un parche y se van, reconociendo ellas mismas que esos aparatos no dan más", expuso.
Durante las cerca de 90 horas continuadas que el barrio permaneció sin suministro, las consecuencias afectaron severamente la salud y calidad de vida de los residentes: vecinos debieron asistir a personas oxígenodependientes y a niños con condición del espectro autista. "Las mamás tuvieron que irse a la Terminal de Ómnibus en medio de la noche para que los chiquitos tengan luz y no entren en crisis. A una vecina casi la atropella un auto en la oscuridad", relató.
Además, decenas de familias perdieron la cadena de frío de insumos médicos esenciales y reservas de comida.
Ante la falta de respuestas, los vecinos juntaron firmas y se presentaron en las oficinas centrales de EJESA para solicitar audiencia con algún directivo. Sin embargo, denunciaron que fueron rechazados por el personal administrativo, que les otorgó un plazo de 10 días hábiles para evaluar el reclamo formal.
En tanto, al acudir a las oficinas de la SUSEPU, el organismo de control les requirió reiniciar el trámite mediante notas, adjuntar copias de las firmas de todo el barrio y detallar tanto los daños materiales sufridos como las situaciones de riesgo sanitario antes de determinar si abrirán un expediente.
"Todo en este barrio lo hicimos a pulmón: el gas, las cloacas y el agua. Pagamos una tarifa de luz muy cara y no nos regalan nada. Las promesas de soluciones 'paulatinas' del Gobierno no nos sirven: lo del barrio Sargento Cabral no es paulatino, es urgente. Queremos que compren y coloquen los transformadores nuevos ya", sentenció la vecina.
