La denuncia, radicada por la madre de un alumno de apenas 7 años de edad, expone el calvario que vivió el menor durante meses y que desencadenó un violento escándalo entre padres dentro del propio edificio.
Según el relato de la progenitora, el niño —que cursa el segundo grado— comenzó a manifestar severos cambios de conducta, regresando a su hogar angustiado y con su indumentaria desarreglada. Tras lograr romper el silencio entre lágrimas, el menor confesó que tres alumnos de séptimo grado lo agredían físicamente, lo insultaban y lo acorralaban en el sector de los sanitarios, generándole un profundo daño emocional y temor a asistir a clases.
Intervención urgente
Ante la gravedad de los hechos expuestos por la familia, las autoridades de la institución y el Ministerio de Educación provincial activaron los protocolos de rigor. Fuentes judiciales confirmaron que ya se le dio intervención formal a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) y a la Dirección de Acompañamiento Integral (DAI) a través de oficios urgentes.
El principal objetivo de estos organismos especializados es evaluar de forma inmediata el abordaje de la situación de violencia escolar y determinar la posible reubicación de los alumnos involucrados para salvaguardar la integridad psicológica y física del niño afectado.
Tensión entre adultas y la postura de la Justicia
El conflicto escaló a niveles críticos durante el horario de ingreso escolar, cuando se produjo un violento cruce de reproches y supuestas agresiones físicas en el establecimiento entre la madre del menor afectado y las familias de los estudiantes señalados como los presuntos agresores.
La situación derivó en la presentación de denuncias penales cruzadas en la seccional policial, donde incluso una de las partes acusó al padre del damnificado de haber emitido amenazas de palabra.
Sin embargo, a pesar de la gravedad del altercado, la respuesta de la Justicia penal trajo cautela al expediente de los adultos. Según fuentes vinculadas a la investigación consultadas por nuestro medio, "por el momento no hay elementos" para dar inicio a una causa penal formal contra ninguna de las involucradas.
Desde los despachos judiciales detallaron que el violento episodio se redujo a "un cuadro de empujones" y que ninguna de las mujeres aceptó ser examinada por el médico policial para constatar lesiones legales.
Si bien la fiscalía interviniente dictó las medidas preventivas de rigor para estos casos de conflictividad social, el inicio de una acción penal por agresiones quedó supeditado a que alguna de las partes aporte nuevas pruebas, certificaciones médicas o testigos que demuestren la existencia de un delito mayor.
