Bajo esa misma premisa, referentes locales de DD.HH. se unieron al reclamo, entendiendo que en caso de implementarse, existiría un grave perjuicio sobre la comunidad, especialmente entre sectores económicamente vulnerables, desconociendo el aspecto solidario que los diputados oficialistas señalaron durante la última sesión.
La referente de las organizaciones Patria Grande y Argentina Humana, Daniela Jaled, argumentó que ya desde su concepción, la ley está envuelta en dudas por la falta de tratamiento en comisión, recordando la forma en que fue aprobada la reforma parcial de la constitución el año pasado.
"Esto demuestra una sistemática falta de debate democrático en la Legislatura. Ahora vemos cómo se privatiza la salud pública, tratándola como un servicio mercantil en lugar de un derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional."
Embed - Organizaciones contra el SEPROSA: "De solidario no tiene nada, de salud pública menos"
"Se está creando un sistema de exclusión que burocratiza aún más el acceso a la salud, especialmente para quienes no tienen empleo formal o recursos suficientes. Esto no es solidario; es inconstitucional y discriminatorio."
Jaled también cuestionó el destino de los aportes obligatorios que recaerán sobre los ciudadanos jujeños, recordando que durante el gobierno de Gerardo Morales fue creada una caja única que concentra los fondos, incluyendo los recursos económicos que ingresan al Instituto de Seguros de Jujuy, que se presume será organismo recaudador.
¿A dónde van a ir esos aportes? Este gobierno ha centralizado los recursos en una caja única bajo el control absoluto del Ejecutivo provincial. Nos presentan esta medida como solidaria, pero en realidad perjudica a los sectores más vulnerables, obligándolos a pagar un seguro que no garantiza mejoras ni para los usuarios ni para los trabajadores de la salud ¿A dónde van a ir esos aportes? Este gobierno ha centralizado los recursos en una caja única bajo el control absoluto del Ejecutivo provincial. Nos presentan esta medida como solidaria, pero en realidad perjudica a los sectores más vulnerables, obligándolos a pagar un seguro que no garantiza mejoras ni para los usuarios ni para los trabajadores de la salud
Por su parte, Fabiola Suárez, integrante de la Coordinadora de Violencia Institucional de los organismos de derechos humanos de Jujuy, calificó la medida como un atropello a los derechos humanos, llegando a calificarla como "aberrante". A su parecer un negocio que favorecerá a los empresarios devenidos en políticos, aquellos miembros de la clase política con mayor afinidad por el negocio de la salud privada.
"Una persona sin empleo o con un trabajo informal tendrá que demostrar que no tiene recursos ni siquiera para comer, como si eso fuera algo fácil de afrontar cuando se tiene un grupo familiar a cargo", amplió para luego insistir en el estigma que significará la creación de un registro de pobres, requisito fundamental para quedar eximido del pago del seguro que en teoría rondará entre $35.000 a $50.000.
Nos organizaremos y avanzaremos en las acciones necesarias, incluyendo manifestaciones y recursos legales, para garantizar el veto de esta normativa que atenta contra los derechos fundamentales Nos organizaremos y avanzaremos en las acciones necesarias, incluyendo manifestaciones y recursos legales, para garantizar el veto de esta normativa que atenta contra los derechos fundamentales
