En paralelo las versiones sobre un nuevo proyecto oficialista para tomar crédito cobran fuerza a días de la primera sesión legislativa desde el inicio de la cuarentena.
Independientemente del blanqueo sobre los pormenores que atraviesa la economía jujeña, algo solicitado por la oposición desde hace larga data, el propio gobernador describió con singular elocuencia la falta de opciones para hacer frente a la crisis “Estamos a la parrilla, muy mal financieramente”.
Habiendo analizado la insuficiencia de los Aportes del Tesoro Nacional para afrontar los gastos (hay un desfasaje superior a los 1300 millones de pesos), el ex ministro Juan Ljungberg presentó una posible solución extraordinaria empleada 21 años atrás en tiempos de hiper inflación.
“En el año 1989 la Ley 4.439 fue sancionada con el acuerdo del PJ conducido por entonces por Guillermo Eugenio Snopek y la UCR, buscando encausar las cuentas públicas. Este es un mecanismo que está a la mano, no significa bajarle el salario si no postergarle el pago de lo que exceda una cifra”.
Efectivamente el artículo 15 de la mencionada ley describe la creación del “Salario Social Garantizado” que asegura a los agentes del Estado Provincial el pago hasta un tope, en ese entonces (1989) determinado por “el monto básico a la categoría 20 del escalafón de la Administración Central fijado para el mes de junio”.
La propuesta de Ljungberg suaviza y al mismo tiempo difiere de ciertos planes esgrimidos días atrás por el gobierno jujeño repudiadas por las agrupaciones sindicales: reducción de un porcentaje salarial o exención de los aportes patronales a el ANSES.
Según el análisis de Ljungberg la línea de corte permitiría que el grueso de los trabajadores de la administración pública cobren su salario de manera íntegra y a la vez garantiza la compensación del personal alcanzado en el corto plazo.
La propuesta de Juan Ljumberg para contener la caída en la recaudación (El Colectivo - Canal 2)
La propuesta del economista jujeño plantea un tope delimitado por tres salarios mínimos de aproximadamente 51 mil pesos. Solo a quienes ganen un salario real más allá de esa cifra les quedaría pendiente el resarcimiento para las semanas sucesivas cuando el gobierno tenga nuevos ingresos.
“Es una medida extraordinaria pero que tiende a establecer un principio de equidad y justicia, los que ganan más tienen posibilidades de soportar una contracción de sus haberes” resumió Ljungberg durante su entrevista en El Colectivo (Canal 2).