La movilización está organizada de manera simbólica y federal, recorriendo la provincia desde el La Quiaca hacia la Capital. Inició en la última jornada de martes y prevé el arribo a la ciudad este jueves 18 de junio.
Estado de las causas, a 3 años de la represión
Mientras la marcha continúa su curso, la abogada de las comunidades, Silvana Llanes, dialogó con Radio 2 sobre el estado de las causas por la represión del 2023.
La letrada expuso una visión crítica y preocupante sobre el avance de los expedientes judiciales en la provincia, destacando los siguientes puntos:
- Imputaciones limitadas: Según señaló, la estrategia de la Fiscalía se centra únicamente en imputar a los efectivos policiales subordinados, los "perejiles", quienes ejecutaron las acciones, evitando profundizar en la responsabilidad de los funcionarios públicos que impartieron las órdenes.
- "Justicia endeble": La abogada denunció la existencia de una supuesta "mafia judicial" que responde a los intereses del Poder Ejecutivo provincial. Argumentó que existe una falta de independencia de poderes, donde los magistrados y fiscales actúan en connivencia con el poder político de turno.
- Separación de causas: Cuestionó la fragmentación de las denuncias, lo que, según la querella, funciona como una herramienta para diluir la responsabilidad de los funcionarios de alto rango y evitar una investigación integral sobre la violencia institucional.
- Falta de protocolos: Señaló que, según testimonios dentro de los expedientes, la policía actuó sin protocolos de uso de armas "menos letales", lo cual implica una responsabilidad directa de quienes dictaron la orden de represión.
Por todo lo planteado, Llanes enfatizó en la necesidad de que la justicia alcance a quienes ocupaban los cargos de decisión durante los eventos de junio de 2023. La querella sostiene que las pruebas (videos, imágenes y testimonios) vinculan directamente a figuras de alto perfil del gobierno provincial de ese entonces, incluyendo al ex gobernador Gerardo Morales, ex ministros y otros funcionarios.
La abogada fue severa respecto al rol del MPA y el nuevo Procurador, describiendo la falta de respuestas como una forma de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Denunció que, pese a haber presentado pruebas, escritos y pedidos de pronto despacho ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), no ha habido avances sustanciales ni unificación de causas, sugiriendo una decisión política de no llegar a la verdad.
