Cinco anuncios fallidos de Morales
Finaliza el 2018 y el gobierno consolidó al menos cinco grandes proyectos, pero solo en el discurso ya que de la práctica concreta poco se sabe.
El proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Urbanos (GIRSU) se gestó hace más de dos años con el objetivo de brindar un adecuado tratamiento a los residuos ambientales. Sin embargo, el tema de la basura y la contaminación siguen siendo un problema crónico en Jujuy, a punto tal que la propia ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, reconoció la existencia de al menos 400 basurales a cielo abierto distribuidos por toda la provincia.
Lo cierto es que la aplicaciópn de GIRSU sigue siendo un misterio y recibe duros cuestionamientos, tanto de la oposición como de profesionales en el tema.
Además, los vecinos, que serían los “beneficiados” con la erradicación de los basurales a cielo abierto, también desconocen de qué se trata.
Oficialmente se puso en marcha en mayo con el objetivo de combatir el desempleo en la provincia y mediante la cual se buscaría incorporar a gran cantidad de jujeños a empresas y proyectos productivos locales.
Según los datos oficiales, obtenidos del último relevamiento de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC), son más de 60 mil jujeños los que habrían podido intentar acceder a dicha iniciativa en pos incorporarse o buscar un re direccionamiento dentro del mercado laboral.
Sin embargo, a pesar de que el gobierno aseguró que hubo ingresos mediante la iniciativa, lo cierto es que en Jujuy el desempleo creció y la tan anunciada bolsa de empleo, que prometía ser una solución por donde se la mire, no apareció.
Pocos detalles se conocen sobre su funcionamiento. Es que la promesa de los funcionarios de brindar detalles y datos concretos tampoco se cumplió.
En abril del año pasado el gobierno anunció el pago del histórico reclamo de los trabajadores, equivalente al 82% del salario total de los docentes, como manda la ley.
Sin embargo, a pesar de que la ministra Isolda Calsina había declarado meses atrás que el anuncio ya era una realidad, desde ADEP remarcaron todo lo contrario.
Irenia Pacci, secretaria previsional del gremio de los maestros, dijo a JujuyAlMomento que solo del nivel primario al menos “1500 docentes hicieron todos los trámites y no tienen respuestas favorables. Ya pasó más de un año y no hay impacto en los haberes”.
“Los jubilados docentes quedamos 20% por debajo de la inflación y, para peor, ni siquiera nos van a dar un bono ni ninguna contemplación”, agregó.
A pesar de que en abril de este año el gobierno aseguraba que las tratativas con AFIP y ANSES para blanquear los haberes y acceder al 82% móvil había finalizado y los educadores ya podían acceder al beneficio, meses más tarde se registraron inconvenientes en el trámite. “Hay irregularidades con el tema. Los maestros van, llenan una documentación y cuando vuelven les dicen que falta otra”, señaló Pacci.
Hasta ahora la promesa para los docentes se ve interrumpida por trámites burocráticos.
El proyecto consistía en recuperar el tren que recorrería 300 km desde San Salvador de Jujuy hasta la ciudad fronteriza de La Quiaca.
En teoría, impulsaría el desarrollo, la inclusión, el trabajo, la educación y el turismo. Es más, sobre este último punto, había quienes comparaban el ferrocarril de la Quebrada con el tren de las nubes de Salta.
Si bien las obras de colocación de rieles habían comenzado y el gobierno prometía 20 km de vía a fines de este año, lo cierto es que a la primera de cambio los trabajos se vieron paralizados.
Es que en agosto el ejecutivo nacional anunció el recorte en el fondo de la soja y el tren fue la primera víctima del ajuste.
Tras esto, el propio ministro de Hacienda, Carlos Sadir, había confirmado que las obras se iban a retrasar y con esto la promesa de finalizar el tramo hasta La Quiaca en 2023 quedó trunca.
El objetivo de la obra era distribuir el tránsito para ordenar la circulación de los automovilistas que quisieran ingresar al predio de Alto Padilla y de aquellos que desearan seguir su camino en sentido norte.
En un principio el gobierno evaluaba demoler el puente que costó, según trascendidos, alrededor de 30 millones de pesos. De hecho, en 2016 contrató especialistas en nudos viales para que hagan un informe final sobre las falencias de la obra y a partir de eso decidir su demolición.
Sin embargo, el año pasado volvieron a manifestar que el tema estaba en estudio. “Hay que modificarlo o destruirlo”, había dicho Jorge Rizzotti, titular de la cartera de infraestructura de la provincia, dando lugar a una posible modificación y puesta en funcionamiento.
Ya este año, los funcionaron continuaron “evaluando” cómo aprovechar y qué uso darle a la mole de cemento erigida sobre avenida Bolivia.
Lo cierto es que pasaron más de dos años y el puente, que fue denunciado como un símbolo de la corrupción en la obra pública en Jujuy por los actuales funcionarios, aún sigue en pie y nadie sabe qué hacer. Actualmente se usa como estacionamiento.