La provincia recauda cada vez más, pero los salarios siguen depreciándose. Una conocida afirmación tan dramática como irrefutable: todos los indicadores oficiales acerca de ingresos muestran un crecimiento en mayor o menor medida, parte fundamental para componer el mentado superávit del que se ufanan los funcionarios jujeños desde hace tres años consecutivos.
Recaudación récord en el Jujuy de la precarización salarial
Los ingresos económicos a las arcas provinciales no detienen su crecimiento: a pesar de una leve merma en las transferencias del Estado nacional durante agosto, la coparticipación federal y otros giros mantienen un nivel superlativo comparado con 2022, entre los tributos provinciales el aumento fue casi del 7% intermensual. Se sostiene el modelo de ajuste sobre el gasto público que tiene a los salarios de empleados estatales como principal objetivo.
En el ámbito doméstico, la recaudación por impuestos provinciales, presenta una curva ascendente cuyo promedio favorable es de 7,99% en el acumulado hasta agosto según el sitio oficial de Rentas, con picos intermensuales de 27% en enero y 18,27% en julio, registrando solo un leve descenso en febrero con -2,55%, un fenómeno atípico según los registros históricos.
Con mejora del 123% la comparación con agosto 2022 es sumamente favorable también, para cuantificarlo: al término del año pasado el ente informó $30.308.056.680 ratificando la buena performance tributaria obtenida en 2021. Para el corriente año se podría la tendencia se sostiene, en ocho meses transcurridos el total escala a $40.155.204.446 (+32,49% con respecto al período precedente).
Teniendo en cuenta que Jujuy depende en extremo de los fondos nacionales (se estima más del 70% sobre recursos tributarios) como ser Coparticipación Federal de Impuestos y otros Recursos de Origen Nacional, vale la pena destacar que el grueso de las provincias perdió en términos reales interanuales.
En cuanto a la CFI: solo cinco provincias patagónicas tuvieron rendimientos favorables comparado con julio de 2022, el resto cerró el séptimo mes con saldo negativo. Especialmente por la caída de 5,1% por la retracción en el impuesto a las ganancias, uno de sus componentes principales junto al Impuesto al Valor Agregado.
Sobre los RON: si bien el aumento del 22% en las transferencias de agosto produjo satisfacción entre algunos gobernadores, solo Buenos Aires, Santa Fe y Santa Cruz redondearon un balance positivo. Nuestra provincia quedó 17,9% abajo, mucho mejor perfilada que Entre Ríos, Corrientes, CABA y San Juan, todas con valores negativos del 40% o más.
Lejos quedaron en el tiempo los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el gobierno de Cambiemos destinaba a Jujuy durante el auge del Plan Belgrano y la fina sintonía Macri-Morales. Estas transferencias extraordinarias fueron acotadas por la actual administración nacional y liberadas de manera discrecional.
El sitio Politikon Chaco sintetizó recientemente todos los conceptos descriptos en esta nota, con un análisis preciso basado en información oficial informó que 14 de 19 provincias argentinas analizadas tuvieron un nivel de recaudación superior a la inflación acumulada para el mismo período (en números rojos San Luis, Tucumán, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba).
Los datos recopilados permiten ratificar la teoría del superávit provincial, siempre y cuando no se inserte la deuda pública en la ecuación, cuyo stock devengado de deuda es uno de los más altos del país, debiendo afrontar pagos por $25.521 millones este año, lo que implica un déficit que las principales figuras del gabinete prefieren esquivar, con el agravante de que el 70% aproximadamente de la composición de la deuda está concentrada en moneda extranjera.
El último factor a considerar para que las cuentas le cierren a Gerardo Morales y su sucesor Carlos Sadir, deviene del ajuste constante sobre los salarios de los trabajadores, una variable aplicada a lo largo de los últimos 8 años que ha implicado una depresión del salario superior al 120%. El pago de una suma fija como sugirió el gobierno nacional, alteraría el cálculo final, de allí la rotunda negativa a otorgar un bono para evitar la retracción de haberes frente a la devaluación post PASO y los procesos de aceleración inflacionaria del bimestre agosto-septiembre.