En un análisis realizado por el contador Guillermo Sapag, consideró que el contexto actual que vive Jujuy se puede conceptualizar en cuatro fundamentos: la cuestión salud, la falta de transparencia en lo económico, el saldo social y la institucionalidad.
"El primero es el tema salud. Si bien la primeras semanas parecía que nos manejábamos bien, el resultado es catastrófico", señaló Sapag que explicó que hoy Jujuy está requiriendo mayor ayuda de Nación "producto de los números que estamos manejando".
Otra cuestión que mencionó es la cuestión económica y el manejo de los fondos públicos que se realiza y que generan desconfianza ante la falta de transparencia.
"Jujuy es la segunda provincia del país que recibió más ATN durante la administración de Macri y la segunda provincia más endeudada después de Buenos Aires, pero a estos indicadores lo dividimos por la cantidad de habitantes que tiene Jujuy y nos vamos a dar cuenta que en términos per cápita estamos en el primer puesto en los dos esquemas", expresó.
"Hay una falta de transparencia que la sociedad percibe, fondos que se han recibido, créditos que se piden, aprobaciones de reestructuraciones. Los legisladores no conocen la deuda, la sociedad menos".
Días atrás el Ejecutivo consiguió que la Legislatura le aprobara el proyecto para la reestructuración de la deuda contraída en dólares por Cauchari, en medio de críticas de la oposición que reclamó que no hay rendición de cuentas de nada.
Sapag agregó que otra de las cuestiones que preocupan es el saldo social, en medio de la caída de la actividad económica.
"El problema social que es un problema gravísimo, como el empleo, la pobreza, indigencia, agravado con la pandemia. Ahora es sobre lo mojado, llovido".
"Tenemos otro problema gravísimo y es que en la sociedad hay una percepción de que parte de la problemática que tenemos hoy vino por un viaje de tinte político al Norte donde se empezó a complicar la situación. No podemos decir que todo sea culpa de eso, pero la sensación en la gente es esa".
Respecto a la última y cuarta cuestión, Sapag manifestó que tiene que ver con la institucionalidad de la provincia y la dependencia en los poderes.
"La gente también percibe un problema serio en la Justicia. Dos presidentes del Superior Tribunal que tuvieron que renunciar y una parte de la justicia que tiene obediencia debida a las decisiones del gobernador, que influye sobre la institucionalidad de la provincia", expresó.
Cuatro años atrás, al inicio de la gestión, el gobierno creó también la Oficina Anticorrupción, un área dentro del Estado que todavía permanece inerte pese a las innumerables denuncias presentadas por la oposición y ciudadanos comunes. De hecho quien está al frente de la oficina es la abogada Josefa del Valle Herrera, ex asesora de Gerardo Morales y estrechamente ligada al radicalismo.
