Embed - Nuevas imágenes de la detención de Natalia Morales y Lucho Aguilar
El expediente P-271520-MPA iniciado el pasado diciembre todavía se encuentra en la Fiscalía de Política Criminal, a cargo del agente Rodrigo Fernández Ríos, según los registros del Ministerio Público de la Acusación. Independientemente de los cargos formulados, nada se dice de los abusos policiales y su uso excesivo de la fuerza que comprometió la integridad física de manifestantes por decenas, además de detenciones arbitrarias, incluso a trabajadores de prensa. En todo caso corre por una vía penal diferente.
Estas omisiones han motivado a las abogadas que representan a las víctimas de la represión, entre ellas el adolescente que perdió la visión de un ojo Misael Lamas, a emprender una encrucijada para encontrar responsabilidades ulteriores, señalando especialmente al ex gobernador Morales, el ministro de Seguridad Guillermo Corro y el ex jefe de la Policía, Horacio Herbas Mejías. Hasta el momento el legajo P-271646-MPA en manos del mismo fiscal continúa caratulado como “Investigación Penal Preparatoria Autor Desconocido”.
A pesar de ciertos episodios dilatorios, la inspección ocular se realizó en la intersección de la Ruta Nacional N°9 y Ruta Provincial N°52 a principios de julio, lo que ha significado un avance en la producción de pruebas fílmicas y documentales que tanto solicitaban las abogadas querellantes Silvina Llanes y Alejandra Cejas. Pero vital importancia cobra las citaciones testimoniales solicitadas: desde el ex presidente de la Nación Alberto Fernández y su secretario de DD.HH. Horacio Pietragalla, hasta funcionarios de la más alta jerarquía provincial que estuvieron presentes en la zona del corte interactuando con las comunidades originarias minutos antes de la 2da avanzada policial (esta vez en horario vespertino).
Los funcionarios pusieron a disposición el artículo 50 de la Reforma Parcial de la Constitución que refiere a las comunidades originarias y pueblos indígenas, sobre el que hay resistencia y propusieron un diálogo, considerando que ese artículo amplía y garantiza derechos de las comunidades.
Como demuestran los partes de prensa oficiales y algunas imágenes de la zona, una comitiva encabezada por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García fue al encuentro de los manifestantes que se encontraban apostados en el ingreso a Purmamarca desde la madrugada, con la intención de dialogar y divulgar el contenido de la reforma constitucional que por ese entonces era tratada en la Convención Constituyente en un marco de irregularidad y repudio generalizado.
De “la panfleteada”, como la definieron en la protesta, participaron también la ex ministra de Desarrollo Humano, Alejandra Martínez, su equivalente de Ambiente, María Inés Zigarán y el ministro de Seguridad, Guillermo Corro. La presencia de este último funcionario no es un detalle menor, porque lo ubica en tiempo y espacio en el lugar crítico donde ocurrieron los enfrentamientos.
Los videos respaldan las versiones de multi funcionarios presentes, incluyendo a Agustín Garlatti, mano derecha de Alejandra Martínez y actual defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; los convencionales Yolanda Cruz y Julio Alarcón; diputado provincial Néstor Sanabia, entre otros nombres que son pasibles de citar a declarar.
Nuestro pedido es que no haya niños y niñas en estos espacios de gran riesgo. Están todas las respuestas en este documento...Exponen a los niños aquí… con una gran mentira… lean los artículos. Queremos con hablar con los comuneros porque los están engañando… No han leído Nuestro pedido es que no haya niños y niñas en estos espacios de gran riesgo. Están todas las respuestas en este documento...Exponen a los niños aquí… con una gran mentira… lean los artículos. Queremos con hablar con los comuneros porque los están engañando… No han leído
En el tumulto, bajo gritos que llegaban de todas direcciones, el diálogo fue difícil de entablar, los referentes de la protesta no podían ocultar su nerviosismo al ver que un cerco perimetral humano, con centenares de policías se formaban a pocos metros. Después de varios minutos de tensión Alejandra Martínez logró intercambiar algunas palabras, aunque terminó por enardecer aún más los ánimos. Finalmente el propio gobierno culpó a las comunidades por los actos violentos.
¿Por qué Infantería, Investigaciones, Policía Turística, el Cuerpo de Vigilancia y Custodia entre otras divisiones presentes acatarían las directivas de un funcionario de tercera jerarquía cuando la máxima autoridad ministerial estaba en territorio? ¿Por qué Infantería, Investigaciones, Policía Turística, el Cuerpo de Vigilancia y Custodia entre otras divisiones presentes acatarían las directivas de un funcionario de tercera jerarquía cuando la máxima autoridad ministerial estaba en territorio?
Diego Suárez aunque perejil, ha mostrado un especial gusto por dar directivas a los subalternos aún cuando tenga las facultades para ello. Durante el operativo de Purmamarca pudo vérselo usando casco y marchando a la par de los efectivos. Una semana después de los trágicos hechos acontecidos en los alrededores de la Legislatura el 20/06/23 un par de ciudadanas filmaron al mismo funcionario cuando estaba junto a sus colegas frente a la Legislatura y como se puede apreciar en el video subido a las redes sociales, Suárez ordenó a un grupo de policías que las escolten fuera del perímetro por sentirse incomodado, en un episodio de intimidación oficial innegable.
En el hipotético caso que la fiscalía demuestre que el fue el responsable de coordinar las acciones represivas contra las comunidades sobrepasando sus funciones, de ninguna manera exime de responsabilidad a sus superiores, entiéndase jefe de Policía y/o ministro de Seguridad, quienes estaban en Purmamarca como reconoció el propio gobierno provincial o en su defecto tenían conocimiento de lo que allí ocurría y quien lo comandaba.
