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La crisis agudiza el pedido de emergencia alimentaria

Mientras a nivel nacional el gobierno afirma que el proyecto ya está alcanzado por la ley de emergencia social, en la provincia hay unos cinco proyectos encajonados en la Legislatura. A poco más de un año del pedido formal hecho por organizaciones, el tema vuelve a cobrar fuerza.

Fue en agosto del año pasado cuando la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, formularon un proyecto para que se declare la ley de emergencia alimentaria en la provincia. Dicho proyecto estaba fundamentado en la mala alimentación de muchos menores de sectores de escasos recursos y puntualmente de los que asisten a comedores y merenderos.

Si bien la iniciativa era -y continúa siendo- de alcance nacional, referentes de organizaciones a nivel provincial expresaban que en Jujuy los niños estaban perdiendo el acceso a una alimentación variada y de calidad y que la dieta giraba en torno a alimentos como el fideo, arroz y polenta.

Pese a las marchas y los constantes reclamos de los comedores, el proyecto no fue tratado en la legislatura y tampoco las variantes presentadas por las diferentes fuerzas políticas. De hecho, a través del diputado Juan M. Esquivel se conoció que hay al menos cinco proyectos de declaración de emergencia alimentaria, jamás discutidos.

El punto común de la iniciativa es que se refuerce con más fondos a comedores y merenderos, como así también que se amplíen diferentes programas sociales.

Por su parte, el diputado Eduardo Hernández del FIT, expresó que si bien la declaratoria sería una herramienta para afrontar la crisis a corto plazo, la gente requiere soluciones de fondo. “La gente necesita trabajo genuino que les permita comer”, sostuvo.

A nivel nacional, uno de los proyectos presentados en el Congreso, propone "aumentar el 100% las partidas correspondientes a programas alimentarios con el objeto de revertir las situaciones de mal nutrición poblacional", la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que estará a cargo de elaborar un Plan Básico Nutricional; reforzar la asistencia a comedores y a las familias, entre otros puntos.

Además de organizaciones sociales, otro de los sectores que se pronunció sobre el tema fue la Iglesia.

A través de un duro documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas), los obispos reclamaron el pasado viernes al Gobierno nacional que declare la “emergencia alimentaria y nutricional” para hacer frente al “severo aumento de la indigencia y la pobreza”.

El documento solicita “aumentar el presupuesto destinado a comedores y huertas escolares, comunitarias y familiares”, asi como también a “emprendimientos de agricultura familiar y social”. Por otro lado, pide la creación de una Canasta Básica de Primera Infancia con productos esenciales que puedan ser distribuidos gratuitamente y/o a costo subsidiado.

La respuesta del gobierno nacional fue que este proyecto ya está alcanzado por la ley de emergencia social sancionada en 2016 y que sumado a las medidas implementadas post PASO, son instrumentos que servirán para responder prontamente a las demandas solicitadas.

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