Habría acuerdo entre varios gobernadores para no reconocer aumentos a policías

El pensamiento de los mandatarios, es no ratificar el acuerdo que eleva el salario de bolsillo de los policías a 8.500 pesos, porque sería inviable sostener igual acuerdo para el resto de la administración Pública.

El encuentro de los gobernadores con  Jorge Capitanich tuvo varios ribetes: la deuda de las provincias; re distribución de la coparticipación nacional; paritarias 2014; bonos y salarios de los policías.

En este último punto, precisamente los gobernadores no fueron a pedir a la Nación ayuda extra para hacer frente al pago salarial; por el contrario plantearon que es inviable sostener este acuerdo por el efecto que tendría con los demás sectores de trabajadores.

El justificativo para tamaño acuerdo sería: “No se puede permitir aumentar salarios a las fuerzas policiales porque se actuó bajo presión”, según esgrimieron los 18 gobernadores que pactaron con sus fuerzas policiales subas salariales que van desde un 50% al 100%.

El inconveniente no es no poder asumir ese compromiso, sino el efecto cadena que implicaría en los demás sectores de trabajadores del estado. Se teme que todos los agentes de la Administración Pública provincial, salgan a pedir igual retribución, y entre ellos también se sume personal de la salud y la docencia.

Ni el país, ni la provincia estarían en condiciones de asumir semejante gasto, sobre todo en esta etapa inflacionaria donde el poder adquisitivo del país hace mella a la clase trabajadora.

Juan Carlos Bacileff Ivanoff, el gobernador del Chaco, ya había advertido que “un acuerdo bajo la presión de las armas es nulo, según la Constitución”. Aseguró también que él tiene la facultad de no ratificar el acuerdo firmado por su ministro de  Seguridad.

El doctor Miguel Ángel Cabeza, un jurista jujeño, también ratificó el pensamiento del gobernador chaqueño, resaltando que “la situación no sólo es parecida sino “mucho más grave” e hizo mención al Artículo 6, inciso 3 de la Constitución de la provincia, donde se aclara que “toda fuerza policial o de seguridad de la Provincia que por medio de alguna medida de acción directa u omisión actuare en contra de las autoridades legítimas, estará obrando al margen de esta Constitución y la ley, siendo sus intervinientes o participantes pasibles de cesantía y los jefes o protagonistas principales, de exoneración, por ese sólo hecho desde el momento mismo de su comisión u omisión, sin necesidad de proceso, trámite o resolución alguna, cualesquiera de ellos podrá impugnar la medida y una vez agotada la vía administrativa, recurrir ante la Justicia”.

Un artículo del Diario Clarín, de Alcadio Oña, ratifica y a sostiene con números, el pensamiento de los gobernadores que habrían complotado para no validar el aumento “bajo presión” a las fuerzas policiales.

Según Oña, que califica esta actitud de los gobernadores como una medida “bastante jugada y audaz”, la alternativa para evitar un descalabro salarial que no tendría sustento a nivel nacional, sería “desconocer al menos parcialmente los arreglos con las fuerzas de seguridad”.

Eso significa no reconocer el salario de bolsillo de 8.500 pesos pactados; si otras reivindicaciones como pago de adicionales, uniformes, condiciones laborales, etcétera.

Los gobernadores saben que llevar a cabo esta medida, es mucho más que arriesgada, y por ello ya habrían acordado con la nación un apoyo logístico y anunciarlo en forma conjunta en un “bloque común, fuerte y sin fisuras”, para evitar el descontrol y las provincias corran riesgo de caer en un estado de caos.

Para evitar esta situación, con la complicidad de Capitanich ya se habría ordenado la intervención directa de Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía Federal a fin de resguardar la seguridad en todas aquellas provincias donde ésta no esté garantizada.

Según destaca en su artículo Oña, uno trabaja para poner en marcha esta iniciativa y conseguir un apoyo “político” en la Casa Rosada. “No sería fácil convencer de que asuman un compromiso político tan grande y riesgoso, si allí el método ha sido actuar sólo cuando hay desmadre”, evalúa Oña.

Si se frena el aumento a los 300 mil policías que hay en el país, sería más beneficioso y razonable, que otorgarle un aumento similar a los dos millones de agentes públicos. Además se evitaría que los números de las economías de las provincias entraran nuevamente en rojo, luego de la quita y refinanciación de las deudas provinciales.

Para varias  provincias, el aumento salarial a toda la Administración Pública representa un 50%, y en otras supera el 60%, y entre éstas últimas se encuentra Jujuy por el atraso salarial que tiene.

“En este desaguisado en que nadie respeta nada, empezando por los que nos gobiernan, la gente también se siente avalada a no respetar nada” advirtió el doctor Cabezas, adelantando ya el panorama complicado que tienen los gobernantes para asumir sus compromisos y luego afrontar sus consecuencias.