Para fomentar inversiones serias, la Justicia debe funcionar sin interferencias

Cree que con solo ofrecer medidas de alivio impositivo el desembarco de inversiones será “masivo”. Todo lo contrario: la provincia de Jujuy sigue sin ofrecer garantías de seguridad jurídica que aseguren confianza a los inversores.

En rigor, se repite una idea que suena atractiva en el discurso político, pero que en la práctica tiene patas cortas.

La realidad muestra otra cosa: el inversor serio —el que trae desarrollo, empleo registrado y tecnología— no mira solamente los recursos naturales o los beneficios fiscales; observa, sobre todo, si hay reglas claras, si los contratos se respetan y si la Justicia funciona sin interferencias.

No se puede construir desarrollo sin seguridad jurídica. Cuando no hay reglas claras —y este Gobierno ha transformado este problema en una política de Estado—, la incertidumbre se vuelve estructural. En Jujuy, los cambios en las reglas de juego según la coyuntura política se han vuelto habituales, sin continuidad en el tiempo. Así, el inversor percibe que un contrato puede ser revisado discrecionalmente.

En ese contexto, lo que llega no es inversión productiva, sino capital oportunista: aquel que entra rápido, gana rápido y se va sin dejar raíces.

De este modo, Jujuy se ha convertido más en un territorio de oportunidades extractivas que en un polo de desarrollo sostenido, especialmente en sectores sensibles como el litio, donde el mundo observa, pero también exige previsibilidad.

Aquí aparece el punto central: la seguridad jurídica no es un capricho empresarial ni una bandera ideológica, sino una condición básica de confianza.

Sin confianza no hay planificación; sin planificación no hay empleo de calidad; y sin eso, lo único que queda es una economía atada a ciclos, a precios internacionales y a decisiones externas.

Incluso cuando llegan inversiones, si lo hacen en un contexto de incertidumbre, el propio Estado termina cediendo más de lo que debería, ofreciendo beneficios extraordinarios para compensar el riesgo. Y eso, a la larga, lo paga la sociedad.

Por eso, el verdadero desafío para Jujuy no es solo atraer inversiones, sino definir qué tipo de inversiones quiere y bajo qué reglas.

Porque si las reglas no son claras, estables o respetadas, el problema no es que no vengan inversores, sino quiénes vienen y para qué. Y en esa diferencia se juega el futuro económico de la provincia.

En definitiva, si no hay división de poderes, si no existen auditorías independientes, si el parlamento no actúa con autonomía real y si se instala la idea de que las decisiones estructurales se toman de manera discrecional, no hay forma seria de construir confianza.

Y sin confianza, no hay inversiones que valgan la pena. Cuando faltan garantías, el inversor prioriza el riesgo de arbitrariedad.

La reputación institucional es clave, y Jujuy hoy tiene un aplazo en esta materia que no puede sostener.

Sin instituciones que equilibren al poder político, lo que se pierde no es solo calidad democrática: se pierde capacidad de desarrollo.