Fellner no informa cuánto gana ni cuánto gasta el Estado
Diputados de la oposición cuestionaron el “oscurantismo” de la información en la gestión Fellner. La Ley de Ética pública no está en vigencia y se dificulta la obtención de datos públicos.
La semana pasada la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, difundió su salario y el de sus funcionarios de primera línea, y el dato disparó el debate acerca de las remuneraciones y el acceso a la información pública en la provincia.
En Jujuy, las leyes que regulan el desempeño ético de los funcionarios y el acceso a la información pública no están exentas de cuestionamientos por parte de los referentes de la oposición.
El diputado Pablo Baca (UCR), señaló que la ley de Ética Pública, sancionada en 1999 con el número 5153, exige en su artículo tercero el ejercicio de la función pública con honestidad, diligencia, lealtad, imparcialidad, probidad, rectitud, desinterés personal, dignidad, buena fe, austeridad y respeto a los derechos humanos. También promueve la conformación de una comisión encargada de revisar y controlar las declaraciones juradas de los funcionarios a fin de monitorear la evolución de su patrimonio mientras duren en la función. Sin embargo nunca fue puesta en funcionamiento.
“Para esto se ha recurrido, no a derogarla, sino simplemente a no designar las autoridades necesarias para ponerla en efectiva vigencia. Tampoco desde el oficialismo se han querido sancionar normas que hagan públicas las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos; mediante un proyecto de ley, concretamente, propusimos la publicidad de las declaraciones de los bienes que integren el patrimonio y de los ingresos de los miembros de los poderes del Estado, del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y de todos aquellos que dirijan empresas del Estado.”, indicó Baca. Ninguna de estas iniciativas llegó a ser tratada en la Legislatura.
La diputada del partido LyDER, Isolda Calsina, también cuestionó “la falta de voluntad política” en la provincia para transparentar la gestión. “Hay que preguntarle al Gobernador porque no difunde sus ingresos, yo cumplo con lo me corresponde, puesto que cada uno debe ser responsable de sus actos”, explicó la diputada transparentando que el sueldo de un legislador provincial oscila los $18.000.
En este sentido expresó que el mandatario provincial “no sólo debe informar lo que gana, sino lo que gasta el Estado Provincial del presupuesto que se aprueba en la legislatura, porque no sólo nos importa el sueldo que él y todos sus funcionarios cobran, sino qué es lo que hacen con la plata que es de todos”, sostuvo, ampliando el debate.
“Sorprende que en general a nivel provincial o municipal sea – el salario de los funcionarios - una información difícil de conseguir cuando todos tenemos que dar a conocer nuestros ingresos”, indicó Calsina, quien considera que “el problema va más allá de cuanto se gana de salario, creo que pasa por el nivel de transparencia con que se manejan los asuntos públicos”.
En este sentido, la legisladora incluyó a los municipios “a los que poco se les exige en materia de transparencia, copiaron muy fácilmente el oscurantismo de la provincia y también están inmersos en este encierro en el que han manejado la información pública, después nos enteramos que hay intendentes con denuncias penales; no hay acceso oportuno a la información y eso genera corrupción, porque no hay controles”, manifestó.
Por otro lado, la ley de acceso a la información pública (Nº 4444) tiene plena vigencia en la provincia y es la encargada de poner en conocimiento de los ciudadanos los actos de gobierno y los resultados de la administración. Sin embargo, los legisladores consultados coincidieron en que su posterior reglamentación realizada en noviembre de 2003, bajo el primer mandato de Fellner, no hizo más que atentar contra su espíritu de transparencia.
“Dicha ley fue pionera en el país - dijo Calsina - pero luego, en un procedimiento incorrecto, fue modificada por vía de un decreto por la gestión actual, reglamentando de tal manera la ley que la traba, la dificulta, le puso tantos requisitos que la volvió inaplicable”.
Baca por su parte criticó la pretensión de diputados del oficialismo de aumentar en forma exorbitante la tasa que deben pagar los ciudadanos que piden cualquier tipo de información de acuerdo a la Ley 4444.
Para el legislador radical, la conclusión es clara. “El Partido Justicialista gobernante, mientras los resultados electorales les fueron favorables, rechazó cualquier iniciativa que pudiera dar más transparencia al Estado. No creo que ahora que han perdido las elecciones vayan a cambiar de actitud. Para que haya un cambio en Jujuy va a ser necesario que cambie el gobierno”.