La SUSEPU no debe escuchar sino rendir cuentas

Estamos hablando de más de once mil voluntades, de vecinos y familias que se organizaron para estampar su firma y exigir un límite al saqueo que sufren mes a mes cuando abren la boleta de luz, donde casi la mitad del total, un 47 por ciento, corresponde a tasas, impuestos y cargos adicionales inventados para inflar la facturación de EJESA.

La respuesta institucional a este desesperado pedido de congelar tarifas y suspender los cortes por falta de pago es, lisa y llanamente, una falta de respeto. Tienen la presentación de las firmas cajoneada y retenida en las comisiones de la Legislatura, mientras que la estrategia oficialista roza el cinismo: improvisar a las apuradas una reunión con los referentes vecinales en la sede de la SUSEPU.

Es una burla mandar a los damnificados a discutir al búnker de un organismo profundamente cuestionado y vaciado de legitimidad por la sociedad, un ente que hace rato dejó de cumplir su rol de defensa del consumidor para convertirse en el escudo que ampara de manera cómplice los intereses del Gobierno y los negocios de la empresa privada.

Ante un escenario de semejante gravedad, donde la bronca y la asfixia económica recorren cada rincón de la provincia, el sentido común y la salud democrática dictaban que los directivos de la SUSEPU y las autoridades de la Secretaría de Energía debían ser interpelados de inmediato por el pleno de la Legislatura.

Sin embargo, esa interpelación ni siquiera fue considerada, dejando al desnudo la evidente y vergonzosa dependencia del Poder Legislativo a las órdenes del Poder Ejecutivo.

Para colmo de males, la Justicia jujeña también decide mirar para otro lado, mostrándose completamente ajena y apática a una problemática urgente que golpea de lleno la subsistencia cotidiana de cientos de hogares.

Lo que estamos presenciando es un preocupante festival de mezquindad e irresponsabilidad política por parte de aquellos que se llenan la boca hablando de representación popular, pero que, a la hora de la verdad, le dan la espalda al pueblo para proteger las cajas públicas y las ganancias corporativas, estirando la cuerda de la paciencia social hasta límites peligrosos.

Esto ya no es un problema de falta de comunicación, es una crisis de impunidad institucional. La SUSEPU hoy no tiene que sentarse a escuchar los reclamos de la gente como si recién se enterara de lo que pasa; lo que tiene que hacer es rendir cuentas y responder de cara a la sociedad por las brutales inequidades cometidas durante estos once años de radicalismo en el poder.

Estamos hablando de más de una década donde el poder político cooptó de manera sistemática un ente regulador que fue creado por ley con un único objetivo sagrado: defender los intereses y los derechos de los usuarios frente a los abusos corporativos.

Hoy, la SUSEPU está completamente desnaturalizada, convertida en una escribanía del Gobierno y de EJESA, y pretender resolver una estafa que afecta el bolsillo de miles de familias jujeñas con una simple reunión a puertas cerradas, en una oficina de cuatro por cuatro, es una burla inaceptable que subestima la dignidad del pueblo.

El nivel de asfixia y descontento social es de tal magnitud que este conflicto no se soluciona con café y promesas de pasillo entre burócratas; la gravedad institucional exige que la discusión se dé donde corresponde, que es en el pleno del Parlamento, bajo la luz pública, interpelando a los responsables frente a toda la provincia, o directamente en los tribunales de Justicia para que den explicaciones de por qué permitieron este saqueo impositivo del 47 por ciento en las boletas.

La mezquindad de encerrarse a negociar para dilatar el reclamo de las once mil firmas demuestra el absoluto desprecio de los representantes políticos por las vías democráticas y transparentes, dejando en claro que prefieren seguir protegiendo los privilegios de la empresa antes que devolverle la dignidad y la respuesta que los ciudadanos demandan a gritos en las calles.