En diálogo con Radio 2, la abogada especialista en Defensa del Consumidor, Alicia Chalabe, expuso la severa desproporción de recursos desplegados durante la contingencia y tildó el episodio como el "fracaso de una política pública".
Según los datos recabados durante la emergencia, la firma concesionaria dispuso de tan solo 29 cuadrillas de trabajo para intentar restablecer la energía a una masa de afectados que osciló entre los 5.000 y 7.000 usuarios. "Estamos hablando de una cuadrilla asignada para responder a más de 170 hogares a oscuras. Como plan de contingencia fue un rotundo fracaso y evidencia una falta absoluta de personal técnico e ingenieros en la calle", aseveró la especialista.
Asimismo, Chalabe dirigió sus críticas hacia el rol del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la SUSEPU, señalando que ante un reclamo público de semejante envergadura, la Justicia debió actuar de oficio para exigirle a la empresa e informar a la comunidad datos precisos sobre el estado del servicio y la cantidad real de reclamos asentados.
"No se hacen políticas públicas con apreciaciones, se hacen con datos transparentes. Intimar a la empresa dos días después por redes sociales no resuelve el problema de familias que pasaron más de 24 horas sin un servicio básico y esencial", concluyó Chalabe, al tiempo que advirtió sobre la falta de respuestas en las líneas de atención oficial que obligó a los vecinos a recurrir a protestas en redes para visibilizar la crisis.
