Según relató Colque en Radio 2 fue detenida de manera arbitraria el día sábado, cuando se dispuso a salir en su auto a buscar algún cajero con plata y efectivos policiales advirtieron que no tenía puesto el barbijo y tampoco el permiso de circulación.
Si bien estaba en clara infracción, la situación que ameritaba una multa terminó en una serie de atropellos que denotan violencia institucional. Colque expresó que los efectivos policiales, sin tener claro conocimiento de las leyes que rigen y protegen los derechos de los ciudadanos, la llevaron detenida y le imputaron "Resistencia a la autoridad".
Manifestó que como no tenía el permiso de circulación le solicitaron el DNI y ella procedió a mostrarlo aunque no permitió el escaneo, algo que les molestó a los efectivos y que además, según establece un fallo de la Justicia, no es obligatorio sino optativo.
Hasta entonces un familiar le alcanzó el permiso hasta donde estaba para que pudiera mostrarlo, pero los efectivos ya no se lo consideraron y la escoltaron hasta la comisaría.
"Me imputan resistencia a la autoridad. No salí a robar un cajero salí a buscar mi plata y fue un calvario".
"Buscando plata me desnudaron, me filmaron sin saber y difundieron un video para escracharme", relató Colque que adelantó que iniciará acciones legales.
Nuevamente se pone en tela de juicio el papel que están desempeñando los efectivos de la fuerza policial que, en esta situación de excepcionalidad que vive la provincia, se toman atribuciones que le competen a otros poderes del Estado. ¿Puede un decreto del Ejecutivo ameritar la detención de las personas? Este no es un Estado de Sitio.
En el medio vuelve a surgir la necesidad de que la Legislatura y el Poder Judicial trabajen en conjunto con el Ejecutivo, ya que se trata de las otras dos patas fundamentales de un Estado de derecho y que al tener esta envergadura de ser un poder del Estado, no requieren que sean declarados esenciales -como fue planteado por algunos legisladores- porque ya lo son.
Con la Legislatura en sopor y la Justicia trabajando de manera disminuida, el Ejecutivo acciona a través de otras áreas como el COE y la policía de la provincia para dictar y hacer cumplir normas que rozan lo inconstitucional.
