“Lamentablemente esta situación viene pasando desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto ya hemos dado a conocer a las autoridades, nunca tuvimos una respuesta”, manifestó Arias al relatar cómo se descubrió el último episodio, donde un poblador halló 12 vicuñas muertas a 20 kilómetros del pueblo.
El referente comunal detalló el modus operandi con el que actúan los cazadores furtivos: “Matan con los rifles y sacan todo el cuero, que es lo que vale y tiene un precio bastante elevado. Hacen ese sacrificio y dejan el resto. Son cazadores que vienen de otro lado y aprovechan la época de invierno, de mayo a agosto o septiembre, cuando no hay gente en los campos altos a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar”.
La magnitud del daño provocado a la fauna nativa se refleja en la drástica reducción del rebaño silvestre. “El año pasado había 2.000 vicuñas y ahora creo que hay apenas entre 300 o 400, o tal vez menos. Es mucho el sacrificio, uno sale al campo y ve bastante desperdicio”, lamentó Arias sobre la preocupante cifra que evidencia el avance ilícito sobre la vicuña, una especie amparada por normativas provinciales, nacionales e internacionales.
A la indefensión de los animales —que al criarse de manera silvestre no poseen dispositivos de rastreo ni seguimiento como en otras zonas— se suma la falta de recursos de seguridad en la frontera. “Tenemos una comunidad de 370 habitantes, una frontera a 4 kilómetros que es un paso libre no habilitado y un solo encargado de destacamento policial que no tiene medio para transportarse”, sostuvo.
Ante la falta de respuestas a las denuncias previas, desde la comunidad confirmaron que viajarán a San Salvador de Jujuy para solicitar una audiencia con autoridades del área de Biodiversidad y del Ministerio correspondiente. “Pedimos a las autoridades que nos acompañen más. Vamos a tratar de ir a la capital a ver hasta dónde nos pueden acompañar”, concluyó.
