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Cayó de una red narco en San Pedro: cuatro imputados por transportar 106 kilos de cocaína

Se trata de tres empleados y el familiar del propietario de una conocida empresa de cargas. La Fiscalía Federal reconstruyó la maniobra que conectó Bolivia, Salta y Jujuy con destino a Buenos Aires.

  • Red narco desbaratada: Cuatro personas fueron imputadas por transportar 106 kilos de cocaína en Jujuy.
  • Origen y destino: La droga cruzó desde Bolivia hacia Argentina, con destino final en Buenos Aires.
  • Imputación: Se los acusa de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

El Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy logró un significativo avance en una causa por narcotráfico tras formalizar la imputación contra cuatro personas involucradas en el traslado de un voluminoso cargamento de 106 kilos de cocaína.

La investigación, encabezada por la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero, salpica de lleno a la logística de una empresa de transporte de cargas radicada en San Pedro de Jujuy, con base de recepción de mercadería en el barrio porteño de Parque Patricios.

Entre los acusados figuran tres empleados de la firma y un familiar directo del propietario, a quienes se les atribuye el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

El operativo en Yuto y las primeras detenciones

El caso tuvo su génesis durante la noche del 14 de noviembre de 2025, cuando efectivos de la Policía de la Provincia de Jujuy apostados en el puesto de control fijo "Río Piedras" —ubicado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1287 en la localidad de Yuto— interceptaron una camioneta Toyota Hilux.

Al advertir una actitud de evidente nerviosismo en los ocupantes, identificados como M.P. y N.J.M., los uniformados inspeccionaron el vehículo y descubrieron en el asiento trasero tres bolsas de grandes dimensiones anudadas con cinta adhesiva.

En su interior se acondicionaban 102 paquetes compactos de cocaína con un peso total de 106 kilogramos. Tras la detención en flagrancia, el juez federal de Garantías N° 1, Eduardo Hansen, convalidó la prisión preventiva por 111 días y autorizó el peritaje de los teléfonos secuestrados, además del levantamiento del secreto bancario y bursátil.

La reconstrucción de la "Ruta de la Droga"

A partir del análisis forense de los dispositivos móviles y el aporte clave de dos testigos de identidad reservada, las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) lograron desentrañar el modus operandi del grupo. De acuerdo a las evidencias, el familiar del dueño de la firma viajó junto a otro dependiente hacia la ciudad salteña de Orán, desde donde cruzó hacia Bolivia para coordinar la adquisición del estupefaciente.

Posteriormente, el cargamento fue trasladado en un camión de la propia empresa hasta Pichanal (Salta), punto de transbordo en el que la cocaína se traspasó a la camioneta Hilux con la que pretendían atravesar el territorio jujeño. Las cruces de celdas telefónicas y las conversaciones halladas en los teléfonos confirmaron de manera coincidente la presencia simultánea de los cuatro imputados en Pichanal durante el trayecto hacia el punto de secuestro.

Allanamientos y situación procesal

Con las pruebas reunidas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) concretó allanamientos en la sede central de la empresa en San Pedro de Jujuy, en un inmueble de Parque Patricios en CABA, en una finca en Arroyo Colorado y en domicilios particulares. Durante los procedimientos en la firma de San Pedro de Jujuy, los efectivos incautaron dinero en efectivo, armas largas de diversos calibres y abundante munición, iniciándose actuaciones paralelas para verificar su legítima tenencia.

En las medidas fueron detenidos H.C.R. (familiar del dueño) y L.A.D. (empleado). En la audiencia de formalización ante la jueza federal de Garantías N° 2, Carina Gregoraschuck, la Fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva basándose en la gravedad del hecho y la escala penal.

Sin embargo, la magistrada dio lugar al planteo de las defensas al considerar acreditado el arraigo en San Pedro y la falta de antecedentes penales, disponiendo la morigeración de la medida mediante el arresto domiciliario para ambos, estableciendo un plazo de investigación de 70 días hábiles.

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