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"La libertad no debe pedir permiso para circular"

En medio de la emergencia sanitaria, pueden registrarse actos o medidas que impliquen abusos de autoridad y excesos de control sobre la ciudadanía, eso de ninguna manera no debe ocurrir. Las acciones para resguardar vidas no deben vulnerar las normas preestablecidas.

  • Críticas a las medidas de gobierno nacional, provinciales o municipales que terminan siendo abusos de autoridad contra los ciudadanos enmarcándose en la emergencia sanitaria por la pandemia.

La pandemia podría tornarse como el pretexto perfecto para tomar acciones autoritarias sobre la ciudadanía.

A nivel nacional se desató la polémica por la obligatoriedad de la aplicación “Cuidar”. Una situación similar se ha vivido en Jujuy cuando inició la implementación del escaneo del DNI, medida que generó cuestionamientos de distinto sectores poniendo en duda la legalidad de la determinación gubernamental.

En este contexto, el portal La Nación en su última editorial denominada “la libertad no debe pedir permiso para circular” deja en claro ni la remanida bandera del "Estado presente" ni el pretexto de la emergencia nacional por la pandemia de coronavirus pueden justificar la propagación de medidas arbitrarias de las autoridades nacionales, provinciales o municipales.

La editorial

En las últimas semanas, asistimos a un bastardeo de la palabra "cuidar". Abundan los funcionarios públicos que se jactan de que el Estado -o, más grave aún, el Gobierno- nos cuida a todos los argentinos. Oculto detrás de ese gesto de tan abnegado como falso paternalismo, el mensaje destila populismo y demagogia, especialmente cuando se advierte un peligro: que el presunto cuidado se convierta en determinados distritos en sinónimo de vigilancia y castigo, o hasta incluso intromisión y control en la vida privada de las personas.

Aunque estas advertencias puedan sonar exageradas, algunos antecedentes dan cuenta de la validez de aquella amenaza.

La provincia de San Luis ha sido el escenario de dos hechos tan trágicos como sospechosos. Uno de ellos fue la muerte de Florencia Magalí Morales, de 39 años, quien fue encontrada ahorcada en una celda de una comisaría de Santa Rosa del Conlara el 5 de abril, tras haber sido detenida supuestamente por violar la cuarentena. Tenía tres hijos.

Otro caso en esa provincia ha sido el del adolescente Franco Gastón Maranguello, de 16 años, también detenido presuntamente por haber violado la cuarentena, que fue encontrado sin vida en la comisaría de atención a la niñez, la adolescencia y la familia de Villa Mercedes. En este municipio, como señalamos recientemente en esta columna editorial, su intendente cobró cierta notoriedad por implantar el toque de queda con sonido de sirenas inmediatamente después del cierre de los comercios, a las ocho de la noche.

Unos 40 diputados nacionales de la oposición hicieron público en las últimas horas un proyecto de resolución para que se informe sobre ambas misteriosas muertes y acerca del fallecimiento de Luis Armando Espinoza, sospechado de haber sido asesinado por miembros de la policía de la localidad tucumana de Monteagudo.

Los citados legisladores, encabezados por los radicales Mario Negri, Carla Carrizo y Alfredo Cornejo, han solicitado también que se brinde información sobre los reiterados casos de violencia y abuso policial registrados en diferentes provincias del país en ocasión del aislamiento social preventivo y obligatorio.

Independientemente de los trágicos casos apuntados, en algunos distritos provinciales y municipales venimos asistiendo a distintos ejemplos de involución en términos de respeto por las libertades y los derechos individuales. Tanto en San Luis como en La Pampa se han conocido penosos episodios derivados del virtual amurallamiento de los límites provinciales dispuesto por los respectivos poderes ejecutivos.

En el distrito pampeano, se ha llegado incluso a prohibir el acceso al territorio provincial a productores agropecuarios que son dueños de propiedades rurales por el solo hecho de no ser pampeanos de nacimiento, conculcando los derechos a trabajar y ejercer una industria lícita, en abierta violación de la Constitución nacional. Y se ha llegado al extremo de no permitir que miembros de una familia separados a pocos kilómetros de distancia por un límite provincial pudieran juntarse.

Más que preocuparse por cuidar a la población, hay algunos empeñados en que el daño del confinamiento exceda a sus probables beneficios. Tanto es así que, tras una movilización de ciudadanos en Tigre en contra de la prolongación de la cuarentena obligatoria, el jefe comunal de ese partido no tuvo mejor idea que amenazarlos diciéndoles que estaban filmados.

Los ejemplos mencionados hablan al menos de impericia en ciertas fuerzas del orden de determinados distritos, pero también pueden tener relación con una particular cultura política que encuentra un resquicio para los abusos de autoridad y los excesos de control sobre la ciudadanía en la presente situación de excepción.

Desde que, allá por el 20 de marzo, se dispusieron medidas de aislamiento para prevenir los contagios de Covid-19, al igual que en no pocos lugares del mundo, los argentinos hemos debido resignar libertades en pos de un objetivo superior, como la salud de la población. Son muchos quienes debieron avenirse a cerrar negocios en los que invirtieron los esfuerzos de toda su vida y quienes se encuentran impedidos de salir a trabajar para vivir. Toda la población sufre por la pérdida de añorados rituales que van desde las comidas entre amigos hasta los encuentros en un club o las salidas al cine y al teatro. Y quienes han perdido a sus seres queridos han debido resignarse a despedirlos en absoluta soledad.

Demasiadas restricciones ha debido ya padecer -y seguirá padeciendo por algún tiempo más- la sociedad argentina como para tener que soportar, además, actitudes propias de regímenes totalitarios por parte de quienes buscan sacar tajada de la emergencia.

Las autoridades de todos los niveles deberán entender que de la presente crisis sanitaria y económica solo se podrá salir con instituciones sólidas, que funcionen en un marco de respeto por los principios republicanos y la división de poderes, donde las libertades más básicas no tengan que pedir permiso para circular.

FUENTE: La Nación

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