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Piden que la Oficina Anticorrupción investigue a los funcionarios que viajaron al Gran Rex

La delegada de PROCONSUMER, Claudia González, visitó Sobremesa para analizar la realidad que aqueja a los jujeños mientras el gobernador promociona su candidatura presidencial en Capital Federal, haciendo uso del mítico teatro Gran Rex mientras se rodea de su gabinete e importante número de militantes viajeros.

  • Buena parte del gabinete provincial se trasladó a Capital Federal para apoyar la candidatura presidencial de Gerardo Morales.
  • La provincia envuelta en problemas en educación, salud, inseguridad, trabajadores insatisfechos quedó nuevamente a la deriva.
  • Para la abogada Claudia González, los organismos de contralor deberían intervenir ante gastos inexplicables e incumplimiento de deberes.

¿Quién controla a Morales y compañía cuando se van a pasear? ¿Cuánto dinero lleva gastado en giras proselitistas y de dónde salen los fondos? Son tan solo dos preguntas que la opinión pública se realiza cada vez que el mandatario sube a un avión con innecesario destino político. Los 33 vuelos del año pasado tasados en U$S166.000 (casi 35 millones de pesos según cotización actual) no lograron saciar su ambición por instalar apellido y rostro entre el electorado nacional. Un intento deficiente hasta el momento, ni siquiera es considerado para muchas de las consultoras políticas que publican encuestas.

Organismos para controlar/actuar ante maniobras irregulares existen varios, pero el gobernador, quien ostenta la suma del poder público, parece estar exento de tales compromisos. La abogada y delegada de la Asociación PROCONSUMER Jujuy Claudia González trató de responder a esas inquietudes con decepcionante éxito. El historial de vulneración constitucional, llegaría a sorprender hasta el jurista más versado.

SOBREMESA 15-03-23 Claudia González - Delegada PROCONSUMER

"La Constitución actual comprende distintos organismos de contralor que deberían estar interviniendo, salvaguardando los fondos públicos y evitando los abusos de derecho. Pero el control por excelencia lo tiene la oposición, sin embargo nótese que tenemos leyes que autorizan endeudamientos de la provincia, en algunos casos garantizados con los fondos públicos, cosa prohibida, que han salido con mayorías agravadas. En otro caso leyes de endeudamiento y ni siquiera tienen la mayoría agravada o sea que salieron de manera inconstitucional", explicó.

La alternativa es la judicialización, pero el poder político se ha adueñado también de este poder republicano. Ejemplos de insubordinación y castigo no han faltado en los últimos siete años: la renuncia de tres jueces del Superior Tribunal de Justicia asediados por un juicio político (2022), los juicios desestimados contra el fiscal general del mismo órgano y miembros del Tribunal de Cuentas (2019), supresión de vocalías en el Tribunal de Cuentas (2022), entre otros.

No obstante la Reforma parcial de la Constitución provincial tiene nuevos planes para el poder judicial, además de artículos innecesarios de relleno y copy paste injustificados, para González el Poder Judicial quedará "desguazado", perdiendo el carácter de sus ministerios (Acusación, Defensa Civil, Defensa Penal, fiscal del STJ). Una continuidad del avasallamiento institucional de los últimos años. Como ejemplo, el borrador de la nueva Ley de leyes fue remitido a los Colegios Profesionales y Poder Judicial para su revisión, allí recibiría observaciones que finalmente fueron desoídas. El mismo día de la votación 27/09/22 se efectuaron retoques de última hora, a pesar que poseía dictamen de comisión.

Gerardo Morales blinda su salida eventual del poder Ejecutivo jujeño, puede hacer lo que le plazca, eso incluye disponer de la flota aérea provincial para uso personal, llenar de contravenciones a los manifestantes o mandar a la policía a callar el bullicio. Lo ha logrado regalando cargos públicos a cambio de subordinación, en siete años ha podido colocar militantes en puestos clave que si bucearan entre expedientes podrían perjudicar su imagen, como alguna vez hicieron y casi pagaron las consecuencias los arriba mencionados: Josefa Herrera en la Oficina Anticorrupción, Miguel Rivas en la Fiscalía de Estado, Sergio Lello Sánchez en el Ministerio Público de la Acusación, la mayoría aliada en la corte que el mismo amplio hasta nueve miembros, son aliados incondicionales.

La OA tendría que mostrarnos como el mismo lunes pidió informes a todos los funcionarios, si ocurre alguna catástrofe no hay quien la resuelva. Morales es gobernador de Jujuy, se le paga como tal y tiene que estar gobernando, mínimamente tendría que pedir licencia La OA tendría que mostrarnos como el mismo lunes pidió informes a todos los funcionarios, si ocurre alguna catástrofe no hay quien la resuelva. Morales es gobernador de Jujuy, se le paga como tal y tiene que estar gobernando, mínimamente tendría que pedir licencia

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