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Coparticipación, una necesidad para frenar a los autócratas

Cuando en 1994, luego de un legítimo acuerdo entre el peronismo y la UCR se resolvió reformar la constitución nacional, una de las ideas-fuerza de esta gran reforma fue la de profundizar la descentralización del poder, a través de un diseño que abarcó aspectos fundamentales, entre ellos el federalismo en sus aspectos institucionales, políticos, financieros, económicos y socio-culturales; el reconocimiento de la autonomía municipal.

La autonomía municipal es esencial para la república federal y curiosamente todavía no está asegurada.

Es inconcebible que ello todavía este pasando, pero se explica por la débil cultura de constitucionalidad que tenemos.

Y más allá de las enormes diferencias sociológicas y poblacionales entre los Municipios de las áreas metropolitanas y el interior profundo, resulta evidente, la existencia de una marcada centralización del poder, que apremia modificar.

Aun hay localidades que no tienen derechos políticos para elegir sus autoridades locales y ejercer el autogobierno. Sólo cuentan con delegaciones de la Intendencia, que está ubicada en la ciudad cabecera del departamento.

Es decir, no existe verdadera democracia local, porque no hay derecho al propio gobierno, con todo lo que ello supone.

No hay que olvidar que Joaquín V. González decía que los municipios eran los “primeros teatros” donde se ejercitaban los derechos ciudadanos.

Demócrata no se nace, sino que se hace, y se logra con educación popular y democrática y fundamentalmente con la participación a nivel municipal. Allí es donde debe comenzar el “cursus honorum” de la política, requisito fundamental para tener una dirigencia a la altura de las responsabilidades.

El concepto de autonomía tiene un significado propio y distinto de concepto de autarquía. La palabra “autonomía” llevada a su etimología significa “darse leyes a sí mismo”; la palabra “autarquía” significa “administración de sí mismo”; esto es “administrar”, y lo otro “legislar”, para reglar la administración.

Al término Autonomía como un concepto político, significa que el Municipio tiene poder para darse su propia Ley y regirse por ella.

Autarquía por su parte implica la posibilidad de autosatisfacción económica y financiera del ente municipal, que surge de la posesión de recursos propios, y se complementa con la posibilidad de disponer de ellos.

El sociólogo Max Weber ya advertía de los peligros de la creciente concentración del poder. Y hoy vemos que las organizaciones públicas suelen estar bajo el control de grupos muy reducidos. Los líderes son elegidos democráticamente pero tienden a integrarse en las denominadas “élites del poder”.

Estas élites, defienden sus propios intereses y posiciones, nacen en la sociedad a través de procedimientos legítimos pero entran en un proceso por el cual se retroalimentan y se vuelven endogámicas.

El poder se perpetúa a sí mismo y produce, por tanto, más poder, esa es la lógica que sigue Gerardo Morales a la hora de negarle a los municipios la autonomía y la autarquía necesaria.

Morales construye su poder como en el Siglo IXX, adueñándose de la caja pública, sometiendo a los intendentes y comisionados.

Lamentablemente el autopercibido radical Gerardo Morales se da de bruces con los principios y dogmas que históricamente exhibieron los herederos de Don Hipólito.

El principal problema derivado de la concentración de poder es que los intereses de las élites del poder de Jujuy priman sobre el interés general.

La democracia en la Jujuy de Morales ha quedado reducida a una elección cada 2 años. Pero la influencia de la mayoría de las personas en la acción de gobierno, en la toma real de decisiones, es ilusoria, por no decir inexistente frente al verdadero poder, que directamente o a través de lobbies, presiona, condiciona y pacta para mantener su statu quo.

El problema central está en que los dueños de Jujuy son los mismos del poder político, todo queda en familia.

Sin institucionalidad, Jujuy jamás saldrá del estado de postración en que se encuentra, con Morales la institucionalidad ha sido anulada absolutamente, veníamos de una precaria institucionalización, que fue cada vez mas degradada por esta gestión.

Urge una ley de coparticipación, el debate debe ser dado, apartado de los inconfesables intereses del autócrata de turno.

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