Líderes independentistas cumplen un año en prisión provisional

Los líderes civiles independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart cumplieron ayer martes un año en prisión provisional por el papel que tuvieron en el fallido proceso de secesión de Cataluña, una medida extrema que es cuestionada por expertos y organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional. 

El encarcelamiento de Sánchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y de Cuixart, el todavía líder de Omnium Cultural, el 16 de octubre de 2017, fue el primer aviso de que la justicia española aplicaría el criterio más severo contra los secesionistas, quienes desde ese mismo momento denunciaron arbitrariedad y persecución política. 

Sánchez y Cuixart ingresaron a prisión sin fianza por orden de una jueza de la Audiencia Nacional, que los procesó por un delito de sedición en relación con las protestas que tuvieron lugar frente al Departamento de Economía catalán durante un registro policial que pretendía desactivar la logística del referéndum del 1 de octubre, que había sido prohibido por la Justicia. 

Posteriormente, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena los acusó de rebelión, delito aún más grave -penado con hasta 30 años de prisión- que también imputó a la mayoría de los ex miembros de gobierno del destituido presidente catalán Carles Puigdemont, por formar parte de un plan que tenía como objetivo subvertir el orden constitucional español. 

El magistrado responsabiliza a los dos activistas presos de liderar supuestos actos "tumultuosos", en referencia a las protestas independentistas del 20 de septiembre de 2017, que congregaron a miles de personas en la capital catalana dificultando la actuación de la Justicia y provocando daños a tres vehículos policiales. 

La decisión judicial sobre los dirigentes civiles tuvo un fuerte impacto político en el medio del conflicto de secesión, que se encontraba ya bloqueado por la ausencia de diálogo entre Puigdemont, determinado a seguir adelante con la consulta, y el ex presidente del gobierno central español, el conservador Mariano Rajoy, empeñado en evitarla. 

Sánchez y Cuixart hicieron numerosos intentos infructuosos para convencer a los tribunales españoles de que no actuaron con violencia con el objetivo de obtener su excarcelación hasta que tuviera lugar el juicio, aún sin fecha. 

En el caso de Sánchez, diputado electo -ahora suspendido-, Llarena impidió su excarcelación para que asistiera a su propia sesión de investidura en dos ocasiones -en marzo y abril- por la existencia de un riesgo de reiteración delictiva, la última vez a pesar de que contaba con una resolución a su favor del Comité de Derechos Humanos de la ONU. 

En junio, la Sala de lo Penal del tribunal ratificó el procesamiento contra los dirigentes secesionistas al considerar que "existen suficientes indicios de que existieron actos de violencia, al menos el 20 de septiembre y el 1 de octubre", día en que el referéndum se celebró sin garantías y en medio de operativo policial que intentó evitarlo por la fuerza. 

La prisión provisional de los activistas se basa en la gravedad del delito que se les imputa, rebelión, cuestionado por la justicia belga respecto a Puigdemont, cuya extradición a España fue rechazada, al considerar el tribunal que durante el fallido intento de secesión de Cataluña no hubo violencia. 

Un año atrás, más de 200 catedráticos y doctores en Derecho Penal de toda España firmaron un documento en el que también consideran "gravemente equivocado" considerar que los líderes secesionistas cometieron un delito de rebelión o sedición, por la ausencia de violencia. 

Pascual Sala, ex presidente del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, reiteró hoy en declaraciones a la radio RAC1, que cree "muy difícil, por no decir imposible," que exista un delito de rebelión, sin descartar otros delitos como "desobediencia" en los que pudieron incurrir los dirigentes independentistas. 

El propio ministro de Asuntos Exteriores español, el socialista Josep Borrell, afirmó recientemente que "preferiría" que los líderes independentistas procesados estuvieran en libertad. 

No obstante, subrayó que el Ejecutivo no puede influir en las decisiones judiciales por la existencia en España de una división de poderes y "normalmente" independencia judicial. 

Esto es algo en lo que no están de acuerdo los independentista catalanes, cuyo presidente, Quim Torra, exige al actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que retire los cargos en contra de sus líderes -además de un referéndum de autodeterminación- a cambio de mantener el apoyo que brindan a su gobierno en minoría. 

Desde el encarcelamiento de Sánchez y Cuixart, la organización Amnistía Internacional reclama su puesta en libertad, un pedido que fue reiterado al cumplirse un año de su encarcelamiento, por entender que la medida es "excesiva" y "desproporcionada", respecto a la garantía de los derechos constitucionales de libertad de expresión y reunión pacífica.

Tras la llegada del líder socialista a La Moncloa, los dirigentes independentistas presos fueron trasladados desde Madrid a cárceles en Cataluña. 

En sendas cartas publicadas hoy desde la prisión, Sánchez y Cuixart aseguran que no se arrepienten de su actuación y advierten que no renunciarán a sus ideales para conseguir su excarcelación, porque fueron encerrados de forma arbitraria. 
Al final del día, el independentismo está llamado a movilizarse a la céntrica plaza Cataluña de Barcelona para reclamar por la libertad de sus "presos políticos". 

"Un año después no nos acostumbramos a la injusticia y exigimos #LibertadJordis", escribió en Twitter la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, referente de la izquierda, exigiendo la excarcelación de los activistas.

Fuente: Télam.