El fiscal Aldo Lozano encabezó las audiencias imputativas donde se notificó formalmente a dos profesionales de la salud —un hombre y una mujer— que se encuentran bajo investigación penal preparatoria por el presunto delito de homicidio culposo, tras el fallecimiento de la joven madre ocurrido el pasado domingo 1 de junio.
Durante el acto procesal, y asistidos por sus respectivos defensores técnicos, ambos médicos hicieron uso de su derecho constitucional y optaron por abstenerse de prestar declaración.
Sin embargo, la jornada judicial dejó un elemento probatorio que será determinante para el futuro de la causa: los dos imputados autorizaron de manera voluntaria la apertura, extracción y análisis de datos de sus teléfonos celulares.
Esta medida tecnológica quedará en manos de la Dirección de Evidencia Digital del Poder Judicial. El objetivo de los peritos informáticos será examinar minuciosamente el registro de llamadas y los mensajes de WhatsApp emitidos y recibidos durante esa jornada fatal.
Se busca contrastar estos datos con las denuncias de la querella familiar, representada por el abogado Carlos Espada, que advierten sobre presuntas directivas internas para alterar las planillas de guardia y modificar los horarios de atención con el fin de ocultar las demoras médicas.
Cabe recordar que Yamila Chaves, ingresó a la guardia del Hospital Carlos Snopek a las 10.30 de la trágica jornada con dolores abdominales agudos y, según la denuncia, fue derivada inicialmente al área de psicología ignorando su afección física.
Recién a las 17 fue trasladada a la Maternidad "Dra. Josefina Scaro", donde falleció tras sufrir un shock hipovolémico por un embarazo ectópico roto, cuadro que la llevó a desangrarse internamente durante casi nueve horas.
Con la intervención formal de la madre de la víctima como querellante y los dispositivos móviles bajo custodia judicial, la fiscalía especializada avanza en la recolección de pruebas para delimitar las responsabilidades penales definitivas.
