Esto es porque, de acuerdo al escenario que se viene, el intendente perdería la hegemonía en el parlamento periqueño ya que hay dos concejales oficialistas que, por el caso coimas, no tiene la confianza de Ficoseco entonces pretenden que los ediles renuncien por sus causas judiciales supuestamente “fogoneadas” por el ex gobernador pero también delira con intervenir el Concejo, situación que, en principio, se muestra como inviable pero estando en el medio el poder radical y su conocido modus “operandi”, todo es posible.
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Morales y Ficoseco buscan avasallar la autonomía política en Perico
Este escenario de supuesta intervención del Concejo Deliberante de Perico obedecería a la intención del intendente Ficoseco de instalar un clima de desestabilización del cuerpo deliberativo...
Esta realidad nos pone ante una radiografía cruda de la degradación institucional y la ambición desmedida por el poder. Lo que se describe es la instrumentalización de la política y, lo que es aún más grave, de la justicia, para garantizar una hegemonía que el voto, por sí solo, ya no logra sostener con la obediencia requerida.
La maniobra, orquestada, presuntamente, entre el exgobernador y el intendente Ficoseco, revela un desprecio absoluto por la esencia de la representación democrática. Los concejales no son meros empleados del intendente ni del ex gobernador, sino representantes electos por el pueblo con la misión fundamental de controlar el poder ejecutivo local.
Cuando un jefe político utiliza la amenaza de la justicia o la intervención de la Legislatura provincial (que maneja gracias a su mayoría) para disciplinar, lo que está haciendo es silenciar las voces que eligió la gente y amputar el órgano de control de la democracia municipal. La autonomía política de Perico, esa piedra basal de la organización federal, se ve flagrantemente avasallada, demostrando que el poder provincial actúa como un martillo que aplasta cualquier disidencia local.
El hecho de que se busque activar causas de corrupción (las denuncias por coimas son gravísimas y deben ser investigadas) no con el fin primario de sanear el cuerpo legislativo, sino con el objetivo instrumental de sustituir a los concejales díscolos por suplentes leales, desnuda la voracidad grosera por retener el poder. Se utiliza la lucha contra la corrupción como una herramienta de "lawfare" interno, una persecución judicial con fines políticos, pervirtiendo el propósito de la justicia y transformando el concepto de transparencia en una mera palanca de poder.
La gravedad es aún mayor cuando se señala al exgobernador, un ciudadano sin cargo de gestión, como el motor de esta presión. Esto evidencia un poder residual fáctico y oscuro que opera por encima de las estructuras formales del estado, confirmando que, para algunos, la finalización del mandato no implica el fin de la influencia, sino la libertad para operar en las sombras, con el único objetivo de mantener el control territorial y partidario.
Este atropello es un mensaje peligroso: en Jujuy, las reglas de la democracia pueden ser alteradas al antojo de quien ostente la mayor cuota de poder. Es un caso de manual de autoritarismo disfrazado de legalidad, donde se amenaza con la intervención para que la justicie, presionada, cumpla el papel de verdugo político. Ética y moralmente, es una ofensa a la ciudadanía que eligió a esos representantes y una deformación inaceptable de las instituciones que prometieron servir.
Las consecuencias para el sistema democrático en Jujuy son devastadoras y de largo aliento. En primer lugar, se produce una destrucción de la credibilidad institucional: los ciudadanos dejan de creer que la justicia es imparcial o que el concejo deliberante funciona en representación de sus intereses, percibiendo que las decisiones se toman por un puñado de dirigentes en despachos cerrados. Esto genera apatía o cinismo político. En segundo lugar, se establece un peligroso precedente de impunidad e injerencia: si se normaliza que un líder, aun sin cargo formal, pueda manejar a su antojo la justicia para purgar disidentes internos o intervenir instituciones electas, se consolida un modelo de "democracia tutelada" donde el poder se ejerce de manera feudal, socavando el federalismo interno y la autonomía municipal. El verdadero daño no es el reemplazo de dos concejales, sino la normalización de la manipulación de la ley y las instituciones como herramienta de gestión política.
Esto transforma a Jujuy en una provincia donde la lealtad al líder tiene más valor que la probidad, y donde el poder fáctico se ha erigido en el verdadero árbitro de la vida pública, con graves perjuicios para el necesario pluralismo y la competencia democrática.