Jujuy | Ministerio de Salud |

Salud y negocios: un controvertido servicio genera polémica en un área sensible del gobierno

El gobierno implementa un plan para recuperar el dinero que invierte en pacientes que se atienden en hospitales públicos pese a tener cobertura de salud, pero dirigentes del peronismo denuncian que para ello contrataría a una empresa pagando altísimas comisiones. La sombra del diputado Rubén Rivarola, detrás de la maniobra.

  • El proyecto de recupero de los servicios de salud genera polémica
  • El gobierno asegura haber avanzado en el cobro a las obras sociales
  • Dirigentes vinculados al peronismo aseguran que, para ello, se pagan altas comisiones a una empresa desconocida.

La polémica apareció en el primer día hábil de 2020 pero viene gestándose desde hace algún tiempo con el plan estratégico de salud impulsado por la actual gestión.

El gobierno sostiene que los hospitales públicos brindan servicio a numerosas personas que cuentan con una obra social o cobertura de salud, por lo que las mismas deberían pagar por esa atención.

Si una persona se accidenta en la vía pública, normalmente es trasladada por los servicios de emergencia al hospital Pablo Soria o al más cercano, dependiendo de la gravedad del episodio.

El hospital brinda en ese instante un servicio que luego no cobra, a pesar de que en muchos casos se trata de pacientes que están cubiertos por una obra social.

La gestión provincial sostiene que tiene derecho a exigir un cobro a esas empresas y de hecho avanzó en un plan para hacerlo efectivo. Lo hizo tras la sanción de la ley 6.070, denominada "de recupero de los gastos hospitalarios".

Hasta ahí, el planteo parece razonable.

Sin embargo la polémica surge cuando se observa la forma que eligió el gobierno para avanzar en ese cobro.

En su artículo 6, la mencionada norma deja abierto un tema clave: quienes serán los encargados de realizar la gestión para reclamar el dinero en cuestión.

SUJETOS FACULTADOS: Las gestiones tendientes a la identificación, facturación, intimación y cobro de las prestaciones médicas brindadas en los efectores y los gastos hospitalarios generados, estarán a cargo del/los organismo/s que designe la Autoridad de Aplicación, de conformidad con el procedimiento que establezca la reglamentación de la presente Ley. SUJETOS FACULTADOS: Las gestiones tendientes a la identificación, facturación, intimación y cobro de las prestaciones médicas brindadas en los efectores y los gastos hospitalarios generados, estarán a cargo del/los organismo/s que designe la Autoridad de Aplicación, de conformidad con el procedimiento que establezca la reglamentación de la presente Ley.

Al expresar que los encargados del cobro serán "los organismos que designe la Autoridad de Aplicación (ministerio de salud)", aparecieron las primeras suspicacias.

Según el dirigente peronista Cristian Santamans, quien encabezó una manifestación junto a afiliados de ATE durante el primer día hábil de 2.020, existe un acuerdo para la contratación de una empresa privada, de capitales chilenos, que sería la encargada de realizar la gestión a cambio de una comisión cercana al 20%.

Santamans sostiene que esa contratación es innecesaria, ya que es una tarea que le corresponde a Fiscalía de Estado.

Pero además, las suspicacias están a la orden del día: la empresa elegida sería de capitales chilenos, vinculada al diputado Rubén Rivarola, cuyo nombre suele aparecer en los grandes negocios que emerge en el estado.

Aquí también aparece la interna del Partido Justicialista en Jujuy. Quienes decidieron exponer la situación son militantes que se manifiestan abiertamente disconformes con el estilo de conducción del diputado Rivarola, quien se muestra como un opositor "colaboracionista" con el gobierno de Gerardo Morales.

El gobierno, hasta el momento, se limitó a informar que se viene cumpliendo con la ley, aunque no hay detalles específicos de la forma en que realiza la gestión. "Tienen la obligación de informar de qué se trata este proyecto, que detrás de nobles intenciones podría esconder oscuros negocios", aseguran dirigentes opositores.

De hecho, Julio Ferreyra, diputado nacional del justicialismo, se sumó al pedido de explicaciones. "Si hay un tercero cobrando deberían conocerse las licitaciones de acuerdo a los montos de los que se trate", indicó el ex director del registro civil que compitió y perdió en las elecciones provinciales con Gerardo Morales.

El gobierno dijo lo suyo. Consultado sobre la ley de recupero, el ministro de Salud Gustavo Bouhid expuso “la ley está en vigencia, hemos hecho el anticipo de comunicar qué es lo que ha ganado cada trabajador en este caso”.

Ésa frase alude al comunicado oficial que da cuenta de que empleados de salud cobraron un incentivo de hasta $10.000, tratándose de un 35% de lo facturado a las obras sociales y sindicales por los servicios prestados en el sistema público de salud de Jujuy. Entre otras cifras que se expusieron.

“Seguimos con el objetivo de recuperar plata de quienes no le pagan a los hospitales públicos, las compañías de seguros, las ART, las obras sociales nacionales, las sindicales, todas las que tienen posibilidad de pago y no lo hacen”.

“El Ministerio de Salud es el que está a cargo de la reglamentación de la ley y es lo que hicimos con informes en cada hospital, puesto de salud y área de trabajo”, dijo Bouhid sin ahondar en más detalles.

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