Abogada expuso los "puntos grises" de las modificaciones en la Ley SEPROSA

El Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) se ha instalado como el asunto político-social-sanitario de debate por excelencia en Jujuy para el inicio del 2025. Ya desde su presentación inicial en la Legislatura como proyecto de ley bajo el expediente 686-DP-24 ha cosechado críticas de encumbrados profesionales de la salud, referentes sindicales, sociales y grandes medios periodísticos del país. Fue aprobada rápidamente en la Legislatura, sin la discusión esperada ni la participación de los actores fundamentales.

Tanto la forma en que se llevó a cabo el proceso como los contenidos preliminares de la Ley ahora conocida como N° 6.453 fueron objetados por buena parte de la opinión pública. Por ello desde el Ministerio de Salud, su titular Gustavo Bouhid, volvió a repetir la estrategia de filmarse en un intento por evacuar dudas, acompañando el posteo de una serie de placas con información que no terminan de conformar a los jujeños.

Entre ellos se encuentra la abogada especializada en derecho de los consumidores, Claudia González, quien tiene amplia experticia en temas relacionados a la salud. Ella expresó su preocupación por la falta de transparencia y participación en el proceso legislativo, afirmando que "no se convocó a nadie con anterioridad". Un proyecto fue aprobado sin el habitual dictamen de comisión ni el debate público esperado. Además, señaló que las modificaciones realizadas "coinciden sospechosamente con las críticas recibidas", lo que genera desconfianza en las verdaderas intenciones del SEPROSA.

Entre las modificaciones detectadas por González, se destacan:

• Artículo 2°: Ahora incluye al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación.
• Artículo 3°: Elimina el parámetro de exención basado en dos salarios mínimos.
• Artículo 14°: Suprime el resguardo de la información personal de los afiliados.
• Artículo 15°: La credencial ya no será exclusivamente digital.
• Artículo 19°: Menciona al Ministerio de Salud en las facultades de autoridad de aplicación.

Entre las placas que figuran en redes como Facebook e Instagram, se menciona un cambio sustancial sobre el concepto original de obligatoriedad, dejando abierta la posibilidad "voluntaria", sin embargo González subrayó que, pese a estas modificaciones, "la obligatoriedad sigue estando implícita en la ley", agregando nuevas criticas al discurso del ministro quien afirmó que la implementación sería progresiva y basada en la solidaridad.

"Falta gravemente a la verdad, no existe la posibilidad que por un decreto que reglamente una ley se modifique nada menos que el objeto o el alcance. La implementación progresiva puede significar que en un momento afecta algunos sectores menor o mayor, tomando como ejemplo el video en referencia vamos a empezar con los que más tienen como si acá tuviéramos una cuestión de más pobres y menos pobres o directamente ricos que usan el sistema público de salud en desmedro de los pobres".

La abogada también expresó inquietud sobre cómo se determinará a partir de la modificación del Artículo 3° la población exenta de pago por cuestiones de vulnerabilidad económica, mencionando la falta de claridad en el proceso y la posible injusticia hacia los sectores más vulnerables. "Estamos hablando de un gran porcentaje de los jujeños que no tienen acceso a cuestiones básicas y que dependen de la atención en las salitas del barrio", advirtió.

Contrariamente a los dichos del funcionario, para González la eventual reglamentación implicará "el fin de la salud pública como la conocemos hasta ahora de acceso universal gratuito, oportuno y para todo el mundo", dando a entender que existe un espíritu clasista, que perjudicará a la población que se encuentra señalada en los fundamentos y que habitualmente concurre a los hospitales públicos y puestos de salud.