La medida, que entró en vigencia de forma inmediata el pasado viernes 8 de octubre, impone severas restricciones al paso de productos y materias primas hacia Bolivia, poniendo en riesgo directo la subsistencia económica de toda la región fronteriza.
En diálogo con Radio 2, Walter Cadena, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, detalló el impacto devastador de la normativa y las gestiones políticas que se llevan adelante para revertirla.
Una medida "obsoleta" que paraliza el abastecimiento básico
La resolución de ARCA prohíbe por completo el tránsito transfronterizo de materias primas esenciales como el trigo, la soja y el maíz. Asimismo, en cuanto al valor agregado, veta la salida de bultos que superen los 10 kilos, permitiendo únicamente aquellos por debajo de ese peso.
Esta disposición golpea de lleno a productos de la canasta básica que habitualmente se comercializan en presentaciones de 25 o 50 kilos, como la harina, el azúcar y el arroz, además de alimentos para mascotas en bolsas de 15 a 20 kilos. A esto se le suma un tope restrictivo que autoriza el paso de una sola persona por día con un límite máximo de 150 dólares.
“Prácticamente esta resolución mata el comercio regional de la zona. Nos ponen esta resolución que mata la economía, que va contra la política económica del país: cuando el país está protegiendo a las pymes, a nosotros nos están matando”, sostuvo Cadena.
Un impacto social crítico: 3.500 familias afectadas
El presidente de la entidad empresaria remarcó que el perjuicio no recae únicamente sobre los locales comerciales, sino sobre una vasta red informal de trabajadores diarios que dependen enteramente del movimiento fronterizo, tales como estibadores, carritos de mano, taxifreteros, pasadores y vendedores ambulantes.
“No nos olvidemos que esta gente que trabaja en forma indirecta, estas 3.500 familias, son gente que vive en el día. O sea, hoy trabajas y hoy podés llevar sustento a tu familia; hoy no trabajas y no podés llevar el sustento. Esa es la gravedad de la disposición”, advirtió.
Ventana de 120 días
Tras la presión ejercida por intendentes y gobernadores de provincias vecinas como Salta, el gobierno nacional dispuso una suspensión temporal de la medida por 120 días para todas las fronteras del país a través del Boletín Oficial. Sin embargo, el sector comercial considera que esto es tan solo un respiro transitorio.
Durante la jornada de hoy, los comerciantes realizaron una marcha multitudinaria desde el Parque 23 de Agosto hasta el Puente Internacional para visibilizar el conflicto. Paralelamente, la agenda política continuará este martes con una reunión clave en la Casa de Gobierno con el mandatario provincial, Carlos Sadir.
“Tenemos que aprovechar estos 120 días de tregua que tenemos, todo en son de conservar nuestra fuente de trabajo. Dependemos mucho de la parte política del gobernador para lograr, junto a las demás provincias involucradas, llegar a Buenos Aires para la derogación de la resolución”, concluyó Cadena.
