En diálogo con nuestro medio, Cristina Guzmán, presidenta del Movimiento Popular Jujeño (MPJ), le puso números a una realidad que padecen miles de familias. "Estamos pagando una tarifa que está inflada en un 47% por cargos ajenos a la energía", sentenció la referente política, detallando que la boleta de luz se ha convertido en un mecanismo de recaudación para otros organismos, como las intendencias y la empresa estatal de agua a través del polémico ítem COPE.
Ante este panorama de desprotección hacia el usuario, Guzmán le exigió una medida política inmediata al Poder Ejecutivo provincial para aliviar la carga económica en medio del crudo invierno. "El gobernador debería tomar una decisión y ordenar que las facturas se envíen solamente con el ítem de luz. Que el organismo de agua y los municipios se hagan cargo de cobrar sus tasas por separado; de esa manera se descomprimiría inmediatamente la situación de la gente", reclamó.
Embed - Cristina Guzmán reclamó investigar los contratos vinculados al costo de la Energía en Jujuy
Un contrato en dólares bajo la lupa
Más allá de la carga impositiva, la presidenta del MPJ apuntó al "nudo" del problema estructural: un contrato firmado el 31 de agosto de 2022 entre la empresa estatal JEMSE y la distribuidora EJESA. Según la investigación que lleva adelante su partido junto a institutos técnicos, Jujuy hoy paga una de las energías más caras de la región debido a un desfasaje cambiario.
"Cauchari vende energía a EJE S.A. a 79 dólares el megavatio hora por un plazo de 20 años, cuando hoy en el mercado mayorista ese valor ronda los 50 o 55 dólares. Los jujeños estamos pagando un 25% más alto el costo de la energía de lo que debiéramos", puntualizó Guzmán, recordando la promesa oficial de que la provincia tendría la luz más barata del país gracias a los parques solares.
Finalmente, la dirigente arremetió contra la falta de respuestas del Gobierno y la complicidad de los organismos de control. "Hay un abuso de autoridad y desprotección de los derechos constitucionales. La SUSEPU autorizó el traslado de estos mayores costos a la tarifa sin publicar ningún tipo de análisis técnico", concluyó Guzmán, anticipando que recurrirán a especialistas del Instituto Mosconi para auditar los contratos y exigir transparencia.
