En las últimas horas, un vecino domiciliado en el populoso barrio de Alto Comedero denunció haber sido víctima de una millonaria estafa telefónica que le destrozó la economía familiar en cuestión de minutos.
El hecho delictivo ocurrió días pasados en horas de la mañana, cuando el damnificado recibió una llamada a través de la aplicación WhatsApp. Del otro lado de la línea, un sujeto con tono convincente se presentó falsamente como operador de la empresa EJESA.
Con total impunidad, el estafador le manifestó al usuario que el motivo del contacto era gestionar la renovación de la tarifa social, un trámite supuestamente urgente que le otorgaría el beneficio de abonar un monto menor en su factura mensual de energía.
Confianza, engaño y desvalijamiento
Ante la crítica situación económica actual, la víctima creyó en la veracidad de la comunicación y, siguiendo las directivas del delincuente, le brindó una serie de datos personales clave para, supuestamente, validar la continuidad del subsidio estatal. Antes de colgar la llamada y como parte del supuesto trámite, el vecino accedió además a realizar una transferencia voluntaria de 82 mil 700 pesos hacia una cuenta de una billetera virtual indicada por el sospechoso.
Sin embargo, el verdadero calvario comenzó horas más tarde. Al revisar sus cuentas y movimientos financieros, el damnificado detectó con horror que los delincuentes habían utilizado sus datos para acceder a plataformas crediticias. Sin su consentimiento, los delincuentes solicitaron un préstamo por 500 mil pesos en una reconocida entidad financiera y, en paralelo, otro crédito por 1 millón de pesos en una entidad bancaria.
Ambos montos, que elevaron el botín del fraude a más de 1,5 millones de pesos, fueron triangulados y desviados de inmediato hacia billeteras virtuales desconocidas, perdiéndose el rastro del dinero en cuestión de segundos.
Denuncia en la Brigada
Tras percatarse de la magnitud del engaño y de la enorme deuda que ahora pesa sobre sus hombros, el vecino se dirigió consternado a las oficinas de la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero, donde radicó la denuncia penal correspondiente.
Las autoridades judiciales volvieron a encender las alarmas en la comunidad y reiteraron la advertencia de no brindar datos confidenciales, contraseñas ni realizar transferencias durante llamadas telefónicas, ya que las empresas prestadoras de servicios no utilizan estos mecanismos para otorgar beneficios tarifarios.
