Licitación del transporte ¿solución para la gente o disputa de intereses?

Mientras el intendente Jorge habla de “ciudades inteligentes”, los hechos muestran un proceso rodeado de dudas, silencios y decisiones difíciles de explicar ante la sociedad. Porque cuando una empresa que arrastra antecedentes conflictivos, denuncias laborales, despidos y deudas millonarias con los trabajadores —como es el caso de Santa Ana— termina siendo la principal beneficiada de una adjudicación sospechosa, la pregunta es inevitable: ¿cuáles fueron los verdaderos criterios que definieron la licitación?

El problema se agrava aún más cuando quienes deberían controlar y exigir explicaciones parecen mirar hacia otro lado. El caso de los concejales es de un silencio ensordecedor. En cualquier democracia sana, un tema de semejante impacto social debería generar debates públicos intensos, pedidos de informes y explicaciones permanentes. Sin embargo, en Jujuy muchas veces el oficialismo transforma las instituciones en escribanías políticas, donde el costo de cuestionar al poder parecer demasiado alto. Entonces, el ciudadano observa con frustración que las decisiones más importantes se toman entre pocos y se explican muy poco.

El caso de los trabajadores de Xibi Xibi también revela una contradicción profunda. Según relatan los propios choferes, la empresa cumplía con sus obligaciones y, aun así, quedó afuera del sistema, mientras que ahora se pretende que esos mismos trabajadores sean absorbidos por una compañía de la que desconfían por sus antecedentes.

Allí aparece otro elemento central del problema: la pérdida de credibilidad institucional. Cuando el trabajador siente que el mérito, el cumplimiento y el esfuerzo no garantizan nada, y que incluso pueden terminar perjudicándolo, se instala una peligrosa sensación de injusticia estructural. “En Jujuy se castiga al que hace bien las cosas y se premia al que acumula poder político o protección” es una percepción que crece en la sociedad.

En el medio, el usuario sigue siendo el gran olvidado de toda esta historia. Porque detrás de la discusión política hay miles de personas esperando colectivos durante largos minutos, viajando en unidades deficientes y pagando tarifas que no se corresponden con la calidad del servicio. El ciudadano no necesita discursos técnicos ni relatos truchos del radicalismo; necesita colectivos que funcionen y frecuencias normales. Sin embargo, cada nueva licitación se convierte más en una disputa de intereses que en una solución concreta para la gente.

De modo que el riesgo político de todo esto es enorme. Porque cuando las instituciones pierden capacidad de generar confianza, cuando las explicaciones no aparecen y cuando el silencio oficial reemplaza al debate público, se erosiona lentamente la legitimidad del sistema.

En Jujuy, esa erosión ya no se percibe solamente en sectores opositores; empieza a sentirse también en trabajadores, usuarios y ciudadanos comunes que ven cómo las decisiones importantes parecen alejarse cada vez más del interés colectivo.