Lo que aparece en escena no es solamente el malestar por el valor de una factura, sino una profunda crisis de confianza entre la ciudadanía y quienes tienen la responsabilidad constitucional de gobernar, controlar y garantizar que los servicios públicos funcionen en beneficio del interés general. En Jujuy, esa discusión adquiere una relevancia particular porque desde hace años los aumentos tarifarios, la calidad del servicio y la transparencia de las decisiones vinculadas al sistema eléctrico forman parte del debate público. Cuando miles de usuarios sienten que sus reclamos no encuentran respuestas suficientes de los organismos competentes, es lógico que comiencen a mirar hacia los mecanismos de democracia semidirecta como una alternativa para recuperar protagonismo.
La gente gira hacia mecanismos de democracia semidirecta por la crisis tarifaria
Cuando una parte importante de la sociedad comienza a plantear la necesidad de una consulta popular para discutir las tarifas eléctricas, el conflicto deja de ser exclusivamente económico y adquiere una dimensión institucional.
Desde el punto de vista jurídico, la consulta popular constituye una herramienta legítima para conocer la voluntad ciudadana sobre cuestiones de interés público. Su alcance dependerá de la normativa aplicable y de la modalidad con la que sea convocada, ya que puede tener efectos vinculantes o consultivos.
Pero, aun cuando no produzca por sí misma consecuencias jurídicas inmediatas sobre el cuadro tarifario, posee un enorme valor político. Una expresión masiva de la ciudadanía difícilmente pueda ser ignorada por quienes ejercen el poder sin afectar su legitimidad.
La democracia no puede reducirse al voto periódico. También exige mecanismos que permitan a la sociedad intervenir cuando considera que las decisiones de sus representantes se alejan del bien común.
En el caso del servicio eléctrico, una consulta popular no implicaría automáticamente una reducción de tarifas ni una modificación inmediata de los contratos de concesión. Sería un instrumento para abrir un debate mucho más profundo: cuál es el verdadero costo del servicio, cómo se determinan las tarifas, qué inversiones se realizaron efectivamente para mejorar la infraestructura y cuáles fueron los resultados obtenidos. Todas estas preguntas exceden ampliamente el importe que llega cada mes a los hogares jujeños.
La consulta popular puede transformarse en una herramienta para transparentar un sistema que muchas veces resulta incomprensible para la mayoría de la población.
La democracia contemporánea enfrenta un desafío enorme: evitar que el ciudadano sea convocado solamente el día de las elecciones para luego quedar excluido de las decisiones trascendentes. Elegir representantes no significa entregar un cheque en blanco durante cuatro años, como muchas veces parece ocurrir. La representación política exige responsabilidad, rendición de cuentas, transparencia y una permanente vinculación con quienes otorgaron ese mandato. Cuando esa relación se rompe, también se deteriora la confianza en las instituciones y la calidad de la democracia.