LEY DE EMERGENCIA

El Frente Amplio presentó un proyecto alternativo a la Ley de Emergencia que fue impulsada por el gobernador Carlos Sadir. El objetivo principal es resolver el problema del ajuste que pretende hacer el Ejecutivo provincial. El proyecto fue presentando en este martes al vicegobernador Alberto Bernis.

Algunos legisladores señalan que a la fecha la Ley de Emergencia salió del debate legislativo, otros dicen que se están realizando reuniones con diferentes sectores. Por otra parte, mientras intendentes insisten en la Ley de Coparticipación, todavía no ingresó tal proyecto a la Legislatura. Mientras tanto, peligra la continuidad del BEGU y hay pedidos de informe y reuniones para garantizar el beneficio.

Se oponen a iniciativas del gobierno y ahora van contra la Ley de Emergencia y convenios firmados para administrar el agua.

Delegados gremiales de los empleados de la repartición habían expuesto que se buscaba quitar un artículo del Código Fiscal para recién aprobar la Ley de Emergencia provincial, lo que habilitaría la posibilidad de rebajar los sueldos al personal. Tras hacer públicas sus inquietudes, lograron reunirse con el ministro de Hacienda y diputados de la Comisión de Finanzas, logrando respuestas favorables.

Así lo denunciaron desde la Asociación de Profesionales de la Administración Pública (APUAP). Remarcan que se está buscando quitar un artículo del Código Fiscal para recién aprobar la Ley de Emergencia provincial, lo que habilitaría la posibilidad de rebajar los sueldos al personal de la Dirección de Rentas.

Aunque el proyecto de ley no fue tratado durante la 5ta sesión ordinaria, su aprobación se presume inminente por la gran mayoría de diputados radicales que lo harían posible. Para Gastón Remy, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, todas las evidencias que no hay justificación alguna para sancionar legislación de estas características en una provincia que cada vez recauda más fondos.

Dirigente del gremio en la provincia indicó que la normativa no debe vulnerar derechos de los trabajadores y espera una convocatoria para analizarla antes de que se trate en el recinto.

Legisladores aprobaron la vigencia de la Ley Iara, por dos años. No obstante, la Multisectorial de Mujeres cuestionó que la normativa cuente con fecha de vencimiento y que hasta el momento no se hayan brindado detalles del presupuesto que se destinará para su cumplimiento. A su vez apuntaron contra la falta de presentación de informes del Consejo de la Mujer.

Emitido el despacho de comisión, resta esperar que el Plan de Acción Gubernativa sea tratado en la Legislatura, con una aprobación que se estima será inminente dada la mayoría simple que requiere para ello. Parte de la opinión pública exige mayor fundamentación para sancionar una normativa de estas características, donde el gobernador obtendrá facultades extraordinarias y las municipalidades están obligadas a subordinarse a costa de ser desfinanciadas.