La suspensión impulsada contra la diputada, Alejandra Cejas, no es el único ejemplo. La Izquierda también reclama la proscripción a Gastón Remy, a quien hace más de un año no le permiten asumir su banca. Otros ejemplos: la suspensión al edil Edgardo Sosa en el Concejo Deliberante de Perico y la reciente destitución del concejal del PJ Agustín Flores como vicepresidente del Concejo Deliberante capitalino. Todos actos de indisimulable persecución ejercida desde el oficialismo, en complicidad con el sector del PJ que responde a Rubén Rivarola.
Frente a lo expuesto, este miércoles el arco opositor tenía previsto concretar una conferencia de prensa en la Legislatura , pero una orden superior les impidió el ingreso. El argumento de los encargados de seguridad fue que se debía a una cuestión de “protocolo”, por lo que no les quedó alternativa que realizar la alocución afuera.
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A esta acción de rechazo a la violencia institucional, se suma que en las últimas horas, Cejas promovió una acción de amparo con habilitación de horas y días ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en el cual califica de "ilegal" la sanción.
En un punto expone que: “desde hace seis años vengo siendo sujeto pasivo de violencia institucional y política y la misma viene repitiéndose de manera periodo y sistemática, situaciones que han sido denunciadas de manera oportunas ante distintos organismos nacionales, y la suspensión de la que he sido objeto el día 21 de mayo del corriente año es una prueba de más de las mismas. Y la sanción impuesta de manera ilegal por el honorable cuerpo de la legislatura de la provincia es una prueba más de lo expresado precedentemente”.
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