Estas guardias de salud mental vienen funcionando en la provincia pero ocurre que la problemática se ha espiralizado y hay recargas de horarios y los salarios son paupérrimos.
Política |
La salud mental en jaque por la precariedad salarial y operativa
Los psicólogos hoy se reúnen en asamblea provincial. La situación es límite desde el punto de vista operativo y salarial. El conflicto está focalizado sobre todo en los psicólogos de guardia.
El centro de especialidades norte, Ministerio de Salud, hospital San Roque, hospital Pablo Soria, Snopek y Oscar Orias, en Tilcara y en La Quiaca.
En el Gallardo hay guardias interdisciplinarias que cuentan con psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. Cada psicólogo tiene una modalidad de contratación con el Ministerio de Salud. Están los de planta permanente y otros profesionales que cobran guardias extras y otro grupo precarizado que emiten factura para cobrar.
Los psicólogos en el Gallardo cobraban igual que los psiquiatras pero los valores de las guardias quedaron atrás del resto de los profesionales. Los psicólogos cobran la guardia 1700 pesos.
Después hay otros problemas como los horarios de atención. Este es el contexto.
La salud mental es, en la actualidad, uno de los temas más urgentes y necesarios de abordar en este tiempo. A lo largo de la historia, ha sido corrida a un segundo plano, relegada a un ámbito que muchas veces se consideraba secundario o solo para casos extremos. Sin embargo, hoy podemos afirmar con contundencia que la salud mental debe liderar la agenda de prioridades de todos los gobiernos y comunidades.
Este fenómeno no es una moda pasajera; es una realidad que llegó para quedarse. La pandemia, los cambios sociales acelerados, la incertidumbre económica, la crisis climática y las nuevas formas de relación social a través de las tecnologías, han contribuido a aumentar los niveles de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales en la población. Según diversos estudios, las cifras de angustia, crisis y emergencias psicológicas se han disparado en los últimos años en todo el mundo, y Jujuy no es la excepción.
Es fundamental entender que la salud mental no solo afecta a quienes enfrentan trastornos diagnosticados, sino que impacta en la productividad, en la calidad de vida, en las relaciones personales y en el bienestar general de toda la comunidad.
Cuando no se le presta la atención que merece, las consecuencias se reflejan en mayores tasas de ausentismo laboral, en aumento de las situaciones de violencia, en crisis familiares y en una merma profunda en la calidad de vida.
Por eso, la inversión en programas preventivos, en la formación de profesionales especializados, en la accesibilidad a recursos y en campañas de sensibilización, los salarios no son un gasto, sino una inversión en nuestro presente y futuro. Se necesita empezar a poner en marcha políticas públicas que prioricen la salud mental, que eliminen el estigma y que promuevan una cultura de cuidado y empatía.
No podemos permitir que esta problemática siga creciendo en silencio. La salud mental debe ser una prioridad indiscutible, porque solo así construiremos comunidades humanas y justas para todos.
Estamos viendo como el gobierno ha naturalizado la idea de que vivimos en una sociedad enferma, un diagnóstico que, si bien tiene apariencia de realidad, ha llevado a que se considere como un hecho inmutable y, en cierta medida, inevitable. Esta perspectiva ha generado una falsa sensación de que, con los recursos actuales y un poco de gestión, alcanza para “salvar” la situación, pero la verdad es que estamos lejos de una evaluación genuina y profunda del problema.
La realidad es que la crisis social, sanitaria y emocional que atravesamos hoy no puede ser resuelta simplemente con soluciones parciales o con recursos que, en muchos casos, se limitan a mantener una apariencia de normalidad. La problemática social, que incluye la salud mental, la desigualdad, la violencia y la inseguridad, debería ser la prioridad número uno en la agenda pública. Pero lo que observamos es que, en muchos casos, solo se hace un esfuerzo superficial, sin un debate abierto y sin plantearse una nueva arquitectura presupuestaria que realmente redireccione recursos hacia estas cuestiones.
En realidad, no basta con sostener un superávit fiscal para mejorar la calidad de vida de la población. Al contrario, el énfasis excesivo en las prioridades financieras a corto plazo puede ser una de las causas de la profundización de los problemas sociales. La austeridad, en su forma más rígida, termina limitando justamente los recursos necesarios para abordar las causas profundas del malestar social, en lugar de buscar soluciones de fondo.