Nada cambia en Fraile Pintado: una bofetada a la memoria de Tamara Fierro

Es imperdonable que el intendente de Fraile Pintado mantenga una postura tan esquiva, casi sospechosa, al no apoyar la creación de un centro de contención.

La denuncia del concejal Marcelo Illanes es de una gravedad institucional extrema: si el jefe comunal no muestra compromiso ni siquiera frente a una tragedia de esta magnitud, ¿para quién gobierna? Pero el silencio no termina en los límites del municipio; se extiende como una mancha de aceite hacia la Casa de Gobierno. El gobernador Sadir pidió hace semanas un trabajo mancomunado, “al lado de la gente”, pero en el territorio las palabras se las lleva el viento, porque a los ministros no se los ve por ningún lado.

Sr. Urquiola: usted ya no es fiscal, ya no está para el expediente frío y el escritorio blindado; su nueva función es el territorio. Si no baja a las calles de Fraile Pintado a poner la cara y el cuerpo frente a los vecinos aterrados, su gestión nace muerta.

Y aquí entramos en un terreno legal y moral escabroso: ¿estamos ante una negligencia o ante una complicidad por omisión? El Código Penal de la Nación es taxativo en sus artículos 106 y 108 sobre el abandono de personas. Cuando el Estado, que tiene el deber de cuidado, deja a una comunidad en situación de desamparo, poniendo en riesgo la vida y la salud de sus ciudadanos, incurre en una figura delictiva que prevé penas de hasta 10 años de prisión si el daño es grave. No es solo una cuestión de “falta de presupuesto” o “gestión lenta”; es dejar a un pueblo entero a merced del narcotráfico y la violencia.

Si no hay medidas contundentes, si no hay centros de rehabilitación y si la seguridad sigue siendo un eslogan de campaña vacío, las autoridades no solo están fallando políticamente, sino que están caminando por la cornisa de la responsabilidad penal. El miedo de los fraileños es real, el desborde es evidente y el silencio oficial, a esta altura, ya suena a confesión.

Lo que estamos presenciando es una desconexión grave entre la urgencia de los territorios y el ritmo cansino de los despachos oficiales, donde la política parece haber perdido el pulso de la realidad. Estos fenómenos de degradación social y avance del narcotráfico no son nuevos, pero su espiralización actual actúa como una mancha de aceite que lo va contaminando todo, alterando de raíz lo que deberían ser las prioridades de cualquier gestión que se jacte de poner a la persona humana en el centro.

Sin embargo, en Jujuy y particularmente en el interior, la respuesta sigue siendo una receta vieja, desactualizada y profundamente ineficaz para un cáncer que ya hizo metástasis. Hay una ceguera voluntaria en la dirigencia que continúa aplicando parches burocráticos a heridas que sangran a la vista de todos, demostrando una indiferencia que ya roza la complicidad funcional.

Cuando un gobierno no es capaz de sintonizar con el nivel de desprotección que siente un vecino en Fraile Pintado o en cualquier rincón de la provincia, lo que está haciendo es declarar la quiebra del contrato social. La política se ha convertido en un ecosistema cerrado que discute sus propios privilegios mientras en las calles la vida vale cada vez menos.

No se trata solo de falta de recursos; se trata de una falta total de empatía y de visión estratégica: están queriendo apagar un incendio con un gotero, mientras las estructuras de contención social se desmoronan. Si la gestión no entiende que la seguridad y la lucha contra el consumo problemático son el eje de la supervivencia misma de nuestra comunidad, entonces estamos frente a una clase dirigente que ha decidido soltarle la mano al pueblo para salvarse sola en sus burbujas de cristal.

Esa distancia entre el “discurso mancomunado” y la soledad del territorio es la prueba más cabal de que, para el poder, la tragedia es apenas una estadística molesta que prefieren ignorar hasta que el ruido de la calle se vuelve ensordecedor.