Estamos ante una administración que hoy se ahoga en su propia arquitectura financiera, donde la famosa “cuenta única” funciona como un agujero negro que absorbe los aportes de los trabajadores para tapar baches de una deuda asfixiante, dejando a la obra social provincial en un estado de abandono que pone en juego la vida de miles.
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La administración Sadir se ahoga en su fallida ingeniería financiera
El panorama actual en Jujuy no es solo una crisis de caja: es el colapso de un modelo de gestión que priorizó la vidriera y el endeudamiento por sobre la sostenibilidad de los servicios básicos para el jujeño de a pie.
No se trata solo de los recortes que llegan desde Nación. Esa es la excusa perfecta para ocultar una herencia interna de despilfarro y una voracidad crediticia en dólares y otras monedas que, con el nuevo escenario macroeconómico, se vuelve impagable y drena cada centavo que debería destinarse a vacunas en los CAPS o a combustible para los patrulleros.
El Estado ha dejado de ser un espacio de contención para convertirse en un ente recaudador de su propia debacle, precarizando desde el apoyo escolar hasta la asistencia en consumos problemáticos. Mientras tanto, los municipios quedan a la deriva, condenados a un conflicto social inminente con trabajadores que ven peligrar su sustento.
Es la crónica de una discrecionalidad sin límites que, bajo el disfraz de una supuesta transformación, hipotecó el futuro de la provincia y hoy entrega servicios públicos degradados, comisarías en ruinas y rutas intransitables. Una vez más, la impericia de los “estadistas” de turno termina siendo financiada con la incertidumbre y el drama cotidiano de la gente.
Para salir de este laberinto de asfixia y desfinanciamiento, el gobierno de Jujuy ya no tiene margen para el maquillaje publicitario y debe avanzar en una reestructuración de deuda profunda, realista con su capacidad de generar recursos. Seguir pagando intereses a costa del deterioro institucional es, simplemente, una estrategia suicida.
El primer paso hacia una corrección seria implica transparentar de inmediato el flujo de fondos de la cuenta única, devolviendo la autarquía financiera a la obra social y a las cajas previsionales, para que el aporte del trabajador se traduzca efectivamente en servicios y no termine licuado en el pago de vencimientos externos.
Se requiere además un plan de contingencia que priorice el gasto operativo esencial por sobre la obra pública suntuaria, redirigiendo cada peso disponible hacia el sistema de salud primaria y la seguridad, donde la falta de insumos básicos ya cruzó el límite de lo tolerable.
La política debe entender que el ajuste no puede recaer siempre sobre el bolsillo del empleado estatal o la calidad del servicio que recibe el ciudadano. Debe pasar, en cambio, por una reducción real de la estructura política y de los gastos discrecionales que sostienen el aparato partidario.
Un escenario de corrección es posible, pero solo si existe la voluntad política de convocar a un pacto social provincial que incluya a gremios y municipios. Implica dejar de lado la soberbia y reconocer que el modelo de endeudamiento fracasó. Porque la única salida viable es un ordenamiento fiscal con rostro humano, donde el Estado recupere su rol de garante y no de deudor moroso frente a su propio pueblo.