El problema es que las estructuras jurídicas comerciales pueden dificultar el acceso a información clave y debilitar los mecanismos de control sobre empresas que siguen vinculadas al Estado.
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El blindaje societario de empresas del Estado es más impunidad política
La transformación de empresas estatales jujeñas en Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU), como advierte la Dra. Alejandra Cejas al referirse al “combo de las SAU”, plantea serios interrogantes sobre el destino del patrimonio público y la responsabilidad de quienes lo administran.
La Ley 6.468 habilita la transformación de sociedades estatales y contempla la incorporación de capital privado bajo determinadas condiciones. Pero si el Estado continúa aportando recursos públicos, ¿por qué debería resultar más difícil conocer sus balances, contratos, deudas e inversiones? La forma societaria no puede convertirse en una excusa para restringir la transparencia ni para diluir responsabilidades.
La opacidad y la discrecionalidad se vuelven preocupantes cuando se multiplican las estructuras empresariales, se dificulta el acceso a la documentación y no existen controles suficientemente efectivos. Si estas compañías acumulan pérdidas, la sociedad jujeña tiene derecho a saber quién tomó las decisiones, cómo se utilizaron los fondos y quién debe responder por los resultados.
La pregunta fundamental es qué ocurrirá cuando este Gobierno deje el poder: las SAU seguirán existiendo, con sus bienes, deudas y contratos. El próximo gobierno heredará esas estructuras y deberá determinar qué compromisos asumió, cuánto cuestan y si hubo irregularidades. Las pérdidas no desaparecen por un cambio jurídico, y el costo de sostener empresas deficitarias puede terminar recayendo sobre todos los jujeños.
El verdadero riesgo es que el blindaje societario se traduca en impunidad política y administrativa, dificultando el control durante la gestión y dejando para el gobierno siguiente la tarea de reconstruir lo sucedido. No se trata de presumir delitos, sino de exigir transparencia, auditorías independientes y responsabilidades cuando corresponda.
El patrimonio público pertenece a los jujeños, no a quienes gobiernan circunstancialmente. Por eso, la pregunta es inevitable: ¿se están creando empresas más eficientes o estructuras que dificultan el control ciudadano? Cuando los funcionarios se vayan, la sociedad tendrá derecho a saber qué dejaron, cuánto costó y quién debe responder por sus decisiones.
Por otra parte, el papel de la Legislatura jujeña resulta central en este proceso. Su función no es actuar como una escribanía del Poder Ejecutivo, sino controlar sus actos, exigir información y defender el patrimonio público. Sin embargo, cuando la mayoría oficialista acompaña sin suficiente debate ni fiscalización las decisiones del Gobierno, el control parlamentario corre el riesgo de convertirse en una formalidad. Si, además, las SAU dificultan el acceso a la información, la ciudadanía queda doblemente expuesta: ante la discrecionalidad del Ejecutivo y ante una Legislatura que no ejerce plenamente su función de contrapeso democrático.