La Auditoría no busca eficacia en contralor sino en ocultar la verdad

¿Qué función venia cumpliendo el Tribunal de Cuentas? Este órgano es, esencialmente, una institución judicial administrativa. Es como un juez que revisa y controla cómo se han gastado los fondos públicos. Su tarea principal era verificar que los recursos del Estado hayan sido utilizados de acuerdo a las leyes, los presupuestos y las normativas vigentes. Además, el Tribunal de Cuentas tenía autoridad para emitir informes, dictaminar responsabilidades y, en algunos casos, sancionar a quienes hayan cometido irregularidades. Era un ente independiente que actuaba con autonomía y tenía un carácter más formal, similar al poder judicial, pero enfocado en las cuentas públicas.

La Ley 6442 se encargó de dinamitar el Tribunal de Cuentas para aprobar la Auditoria General de la provincia. En términos generales explico que es una auditoria provincial:

Esta entidad, aunque también se encarga de auditar y fiscalizar, suele tener un enfoque un poco más técnico y operativo. Su tarea principal es examinar y evaluar las cuentas, los procedimientos y las gestiones financieras de los órganos y entes del Estado provincial. La oficina suele realizar auditorías periódicas, informes de gestión y recomendaciones para mejorar el uso de los recursos públicos. En muchas provincias, la auditoría funciona como un órgano técnico y de asesoramiento, ayudando a los diferentes organismos a cumplir con la normativa y mejorar sus procesos.

Para que Ud. lo entienda: el Tribunal de Cuentas tenía un rol más judicial y sancionador con funciones de control y responsabilidades frente a irregularidades. La Auditoría General de la provincia es más técnica con un enfoque en la auditoria y evaluación de los procesos administrativos y financieros buscando mejorar la gestión pública.

Muchos piensan que esta entidad, más que ser un órgano de control independientemente efectivo, en realidad ha sido utilizado como una herramienta más en el juego político. ¿Por qué? bueno, algunos sostienen que su función, en lugar de ser un verdadero control imparcial, ha sido moldeada para garantizar lo que llaman, en ciertos círculos, “impunidad” para quienes manejan los recursos públicos en el gobierno de turno.

Y aquí surge la gran duda: ¿qué pasa con los resultados de las auditorías? la percepción —y también la denuncia— es que esos informes, lejos de servir como un mecanismo de fiscalización efectivo, terminan en un “archivo muerto”. La ley, algunos dicen, hace que esos informes tengan un trámite que a veces parece solo formal, y que, en la práctica, si los hallazgos comprometen o señalan al gobierno, raramente se toman decisiones o sanciones que puedan afectar al poder político.

Muchos críticos afirman que el resultado de esas auditorías, en vez de ser un instrumento de transparencia, termina siendo un papel que va directo a la “escribanía” del gobierno: la ex legislatura, que en muchos casos, al estar compuesta por una mayoría oficialista, simplemente archivará esas denuncias o informes sin mayor efecto. Es decir, en la práctica, el proceso no garantiza sanciones ni responsabilidades reales.

Y esto, que para algunos parece una simple denuncia, para otros revela una evidencia de cómo las instituciones de control, en ciertos contextos, pueden terminar siendo parte del sistema de protección del mismo poder que supuestamente deben fiscalizar.

Pero ¿es realmente la auditoría general de la provincia una institución independiente? la respuesta, según muchos, no parece ser tan simple.

Desde distintos sectores y voces críticas, se sostiene que la independencia de esta auditoría ha sido más bien un espejismo. ¿Por qué? porque, en realidad, los fondos para su funcionamiento provienen, la gran mayoría, del mismo poder ejecutivo que debería ser controlado. Y en política, el dinero —como todos saben— es poder.

Entonces, ¿qué pasa cuando la fuente de financiamiento de una institución de control está en manos de quien debe ser supervisado? la sospecha crece, y muchos denuncian que esa dependencia económica termina afectando la objetividad y la verdadera autonomía de los auditores. Es decir, que si el propio gobierno financia la fiscalización, ¿cómo garantizar que esa fiscalización sea realmente imparcial?

Y aquí viene la otra parte de la película. Muchos aseguran que, en este momento, el gobierno en cuestión, con su postura de rechazo a la transparencia y su actitud a veces reticente a entregar información, no tiene interés en financiar un órgano que pueda poner en jaque sus intereses oscuros.

Es más, algunos dicen que los fondos que salen del Poder Ejecutivo se usan como una especie de “herramienta de control” para limitar o encaminar la auditoría hacia lo que le conviene, en vez de habilitar una fiscalización genuina, fuerte y verdadera. En otras palabras, que los recursos de la auditoría, en la práctica, terminan sirviendo al mismo gobierno, y no a la ciudadanía que necesita saber la verdad.

Este experimento creado por Morales no expresa lo que dice su auditor empleado Carlos Romeo Alfonso en el sentido de lograr mayor eficiencia en el control sino por el contrario se alcanza más eficacia en el objetivo que estarían buscando Morales y sus cómplices que es ocultar la verdad.