Después de diez años de trabajo conjunto, el anuncio vuelve a poner el acento en la planificación, la coordinación y la búsqueda de financiamiento, pero no muestra todavía una respuesta al problema estructural que condiciona a los municipios jujeños: su autonomía financiera. La propia Provincia anunció en 2024 que el régimen de coparticipación municipal se encuentra suspendido desde 1989 y que desde entonces la distribución de recursos estuvo sometida a distintos regímenes transitorios.
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El área metropolitana soñada por Chuli Jorge será inviable sin coparticipación
La institucionalización del Gran Jujuy puede presentarse como un gran paso hacia la integración metropolitana, pero hay una pregunta política que no puede quedar escondida detrás de las fotografías, las actas y los discursos: ¿qué poder real adquieren los municipios con este acuerdo?
Por eso, el problema político no es que exista un bloque metropolitano; el problema es que se pretenda construir una arquitectura institucional sobre una base financiera que sigue sin resolver. La Constitución Provincial garantiza la autonomía municipal y establece un sistema de coparticipación obligatoria y automática, pero la distancia entre lo que dice la norma y lo que ocurre en la práctica constituye precisamente el núcleo del debate. Incluso los datos oficiales de recursos municipales muestran una estructura en la que, además de la coparticipación, aparecen importantes partidas de asistencia y otros recursos provinciales, lo que permite advertir la relevancia que tiene la relación financiera con el Ejecutivo provincial.
Entonces aparece una contradicción política difícil de ignorar: se habla de construir un Gran Jujuy con capacidad para planificar su futuro, pero los municipios que lo integran todavía no tienen resuelto plenamente el instrumento básico para ejercer autonomía: disponer de los recursos que constitucionalmente les corresponden con reglas claras, objetivas y automáticas. ¿De qué sirve planificar conjuntamente una obra metropolitana si después la capacidad de ejecutarla depende de conseguir recursos, autorizaciones o asistencia de quien concentra la caja provincial?
Y aquí es donde la iniciativa debe ser sometida a un examen político más exigente. Si durante una década los intendentes no consiguieron convertir la problemática de la autonomía financiera municipal en una demanda política capaz de modificar la relación con el poder provincial, resulta legítimo preguntar si este nuevo acuerdo representa realmente un salto institucional o simplemente una nueva instancia de coordinación que deja intacta la estructura de poder existente. La integración metropolitana puede ser una herramienta formidable, pero también puede convertirse en una manera elegante de administrar la dependencia sin discutir sus causas.
El Gobierno provincial, además, ya reconoció públicamente la existencia del problema cuando anunció un proyecto de ley de coparticipación municipal y sostuvo que cada municipio debía contar con recursos propios para ejercer una verdadera autonomía económica y financiera. Por lo tanto, el desafío del Gran Jujuy no consiste solamente en conseguir financiamiento nacional o internacional: consiste también en construir poder político municipal suficiente para discutir cómo se distribuyen los recursos dentro de la propia provincia.
Después de diez años de experiencia, ya no alcanza con decir que hay que trabajar juntos. Hay que demostrar para qué, con qué recursos, bajo qué autoridad y con qué capacidad de decisión. Si el nuevo bloque no tiene presupuesto propio, competencias concretas, mecanismos de financiamiento estables y una posición política común frente a la Provincia, corre el riesgo de convertirse en una estructura de representación simbólica: mucha institucionalidad en el papel y poca capacidad para modificar la realidad.
El verdadero salto político sería que los intendentes utilizaran la fuerza conjunta de los municipios del Gran Jujuy para reclamar autonomía financiera, reglas de coparticipación transparentes y recursos automáticos. Eso sí modificaría la relación de poder; en cambio, limitarse a firmar acuerdos, crear mesas de trabajo y anunciar futuras gestiones ante organismos de financiamiento puede producir una paradoja: cuanto más se habla de autonomía metropolitana, más evidente queda la dependencia de los municipios respecto de recursos que no controlan ni van a controlar.