La normativa, impulsada tras un trabajo conjunto entre el Ejecutivo, concejales y fuerzas policiales, busca frenar problemáticas estructurales que los vecinos vienen denunciando desde hace meses, tales como las picadas en avenidas principales, la ausencia de cascos protectores y la circulación de rodados con modificaciones antirreglamentarias.
Controles estrictos y destino de los vehículos retribuidos
En diálogo con Radio 2, el concejal Juan Baigorria Dalal detalló los puntos centrales de la ordenanza, la cual otorga amplias facultades al municipio para intensificar los operativos:
- Zonas de control permanente y corredores seguros: Se intensificarán las fiscalizaciones en áreas clave, permitiendo retirar de la vía pública y de los estacionamientos escolares a aquellas motocicletas que utilicen escapes libres o presenten alteraciones estructurales.
- Multas severas y destino temporal: Las sanciones económicas ascenderán casi al valor de una motocicleta nueva. En caso de no abonarse la multa, el Ejecutivo estará facultado para entregar los rodados (previa adecuación) a instituciones educativas o centros para personas con discapacidad para su uso temporal, hasta que se regularice la situación legal. Si el propietario persiste en el incumplimiento, el proceso derivará en un remate oficial.
- Creación de un registro municipal: Hasta el momento, la ciudad carecía de un padrón local de motos. La nueva herramienta legal exigirá un control estricto desde la comercialización en agencias locales hasta el patentamiento definitivo, incluyendo la responsabilidad civil de los adultos que faciliten rodados de alta cilindrada a menores de edad.
El desafío del transporte público y la prevención
El edil también hizo hincapié en la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integral, señalando que la falta de un servicio de transporte urbano de pasajeros eficiente empuja a muchos vecinos a adquirir motocicletas como única alternativa de movilidad.
Si bien reconoció que la ordenanza aprobada por el oficialismo deja pendientes debates profundos sobre protocolos de educación vial y el rol de las agencias de venta, destacó que la declaración de emergencia representa un paso indispensable para devolver el orden a las calles y prevenir tragedias viales en la ciudad.