El ministro Federico Cardozo quedó así en el centro de una tensión que ya no parece resolverse únicamente con nuevas mesas de diálogo o acuerdos paritarios. Su imagen está devaluada y ya hay sectores gremiales que piden su renuncia, además de acusaciones de policías retirados que lo califican de mentiroso.
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En campaña, el ministro Cardozo atrapado entre docentes y policías
El equilibrio fiscal dejó de ser para el gobierno de Jujuy una cuestión exclusivamente económica y se convirtió en un problema político. Mientras Hacienda defiende el orden de las cuentas públicas, crece el malestar entre los estatales por la pérdida de poder adquisitivo y se reavivan reclamos dentro de las fuerzas de seguridad.
El antecedente policial resulta especialmente significativo. Después del conflicto de marzo, el gobierno anunció una mesa de trabajo para atender los reclamos de activos y retirados. Sin embargo, meses después, Hacienda volvió a reunirse con representantes de jubilados y retirados para abordar problemas vinculados con sus haberes. La continuidad de esos reclamos indica que el conflicto puede haberse desactivado en determinado momento, pero no necesariamente resuelto.
Al mismo tiempo, el gobierno avanza con proyectos de infraestructura de gran magnitud, como la travesía urbana de la Ruta Nacional 9, cuyo presupuesto oficial supera los 125.000 millones de pesos. La obra puede responder a una necesidad real de infraestructura para una zona que ha crecido enormemente, pero su dimensión obliga a formular una pregunta inevitable: ¿cuál es el orden de prioridades cuando los recursos son limitados y miles de trabajadores reclaman que sus salarios ya no alcanzan?
No se trata de enfrentar salarios contra obra pública; una provincia necesita ambas cosas. El problema aparece cuando una administración exige austeridad en nombre del equilibrio fiscal, pero al mismo tiempo compromete recursos millonarios en proyectos de alta visibilidad política mientras persisten conflictos salariales y sociales. En un contexto electoral, además, toda inversión de fuerte impacto territorial adquiere inevitablemente una lectura política, aunque eso no permita afirmar por sí mismo que una obra haya sido concebida con fines electorales.
El verdadero desafío para el gobierno de Carlos Sadir no consiste entonces solamente en mostrar que las cuentas cierran: consiste en demostrar que ese equilibrio tiene un correlato en la vida de quienes trabajan, producen y sostienen los servicios públicos, porque un presupuesto puede estar equilibrado y una sociedad, desequilibrada. Y aquí aparece la cuestión política de fondo: cuando el Estado debe decidir qué preserva, qué posterga y quién soporta el costo de sus restricciones, ya no estamos frente a una discusión contable.
Estamos frente a una definición de poder. La tesis es precisamente esa: el equilibrio fiscal no es políticamente neutral cuando sus costos se distribuyen de manera desigual.
Si el gobierno sostiene que no hay margen suficiente para recomponer salarios mientras encuentra capacidad financiera para impulsar obras de enorme magnitud y fuerte impacto territorial para beneficiar, según trascendidos, al candidato de Gerardo Morales, Adriano Morone, tendrá que explicar no solamente cuánto puede gastar, sino qué considera prioritario y por qué. Porque el ajuste también tiene una geografía social: puede recaer sobre el trabajador que espera una recomposición, sobre el policía que reclama por su haber o sobre el jubilado que necesita una respuesta, mientras el Estado decide dónde colocar sus recursos y dónde obtener rédito político.
Ahí se encuentra el verdadero punto de inflexión para el oficialismo. El problema no será que la oposición cuestione una obra ni que los gremios reclamen aumentos; será que el propio gobierno termine atrapado en una contradicción difícil de administrar: pedir sacrificios en nombre de las cuentas públicas mientras la sociedad observa que el poder político conserva capacidad para decidir dónde invertir y qué prioridades privilegiar. En ese escenario, el equilibrio fiscal puede dejar de ser la fortaleza del modelo para convertirse en la evidencia de una elección política: no solamente cuánto ajusta el Estado, sino quién paga el costo del ajuste y quién queda en condiciones de capitalizar sus beneficios.
Porque una administración no se legitima únicamente demostrando que puede cerrar un presupuesto. Se legitima cuando puede explicar, frente a una sociedad que siente el deterioro de su bolsillo, por qué cada peso fue destinado allí y no en otra parte. Si esa explicación no convence, las cuentas podrán seguir cerrando, pero será el poder político el que empiece a quedar en números rojos.