En Jujuy, el gobernador Carlos Sadir suele destacar el crecimiento de la actividad minera y, particularmente, el volumen de las exportaciones como una muestra del desarrollo provincial.
Sadir habla de crecimiento pero no explica el deterioro en el campo social
¿Hasta dónde puede considerarse significativo el crecimiento de una provincia cuando los principales indicadores económicos muestran una fuerte expansión de una actividad, pero sus beneficios no parecen traducirse en una mejora equivalente de las condiciones de vida de la población?
Los números efectivamente muestran una expansión importante de la minería: en 2025 Jujuy exportó productos mineros por alrededor de 953 millones de dólares y, durante el primer trimestre de 2026, la minería representó más del 80% de las exportaciones provinciales. Sin embargo, estos datos plantean una pregunta que va más allá del volumen exportado: ¿cuánto de esa riqueza queda efectivamente en Jujuy y cuánto se transforma en mejores condiciones de vida para sus habitantes? Porque crecimiento económico y desarrollo social no necesariamente significan lo mismo.
Mientras la minería adquiere cada vez mayor peso en la economía provincial, persisten indicadores preocupantes relacionados con la pobreza, el empleo registrado y la actividad económica general. De hecho, datos recientes muestran una caída de la actividad económica provincial y del empleo privado registrado, mientras una parte significativa de la población continúa por debajo de la línea de pobreza. Esto no significa que la expansión minera carezca de importancia ni que sus inversiones no generen actividad, empleo o ingresos para la provincia. Significa que es necesario analizar qué impacto concreto tiene ese crecimiento sobre la mayoría de los jujeños.
La verdadera medida del desarrollo no debería ser solamente cuánto exporta Jujuy, sino también cuánto mejora el ingreso de las familias, cuántos empleos de calidad se generan, cuánto dinero queda en la economía local, qué infraestructura se construye y si disminuyen la pobreza y las desigualdades. En definitiva, la discusión no debería plantearse entre minería sí o minería no, sino en torno a una cuestión fundamental: si Jujuy está generando cada vez más riqueza a partir de sus recursos naturales, ¿cómo se distribuye esa riqueza y cuánto de ella termina convirtiéndose en bienestar para la sociedad jujeña?
Si el crecimiento de la actividad minera y el volumen de las exportaciones constituyen para el Gobierno una señal concreta de progreso, también debería existir la misma claridad a la hora de explicar qué ocurre con los recursos que genera esa actividad y cuál es su impacto concreto en la vida de los jujeños.
Si la riqueza producida por la minería está creciendo, pero amplios sectores de la población no perciben una mejora proporcional en sus ingresos, en el empleo, en los servicios públicos o en sus condiciones de vida, resulta legítimo pedir explicaciones y transparencia. El gobernador Carlos Sadir debería informar con precisión cuánto dinero ingresa a la provincia en concepto de regalías, impuestos y otros recursos vinculados a la actividad minera, cómo se distribuyen esos fondos, en qué obras y programas se utilizan y cuáles son los resultados concretos obtenidos. Porque no alcanza con mostrar cuánto produce o exporta Jujuy: también es necesario mostrar cuánto de esa riqueza vuelve a la sociedad y en qué forma.
La discusión, en definitiva, no debería limitarse a celebrar las cifras de la minería, sino a responder una pregunta esencial para cualquier sociedad: si los recursos de Jujuy generan cada vez más riqueza, ¿dónde está esa riqueza y cuánto de ella está llegando efectivamente a los jujeños?
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