En aquel momento, en plena discusión por el proyecto IVE, "verdes" y "celestes" se peleaban en la puerta del Hospital Materno Infantil para hacer valer su postura. Mientras tanto las discusiones médicas y legales dilataron el pedido de la niña que rechazaba ser madre.
La Multisectorial expuso que 2021 no fue un buen comienzo de año porque una asistente social del Servicio Penitenciario se presentó en la casa de la niña y su familia, en el marco del trámite de arresto domiciliario que inició Dávalos y su defensa, con el fin de realizar un informe social.
"La sola posibilidad de que el violador vuelva a estar en la casa frente a la de la pequeña (que ya padece regularmente los hostigamientos del sobrino de Dávalos que vive en ese domicilio) trae los peores recuerdos, y los peores augurios también. Si la presencia del violador en el vientre de la niña fue una tortura, esa tortura se extenderá a la vida diaria de la niña hoy adolescente", expresa el escrito.
En noviembre de 2019, Dávalos fue condenado a 13 años de prisión. No estuvo ni dos años preso y solicitó volver a su casa.
La organización sostiene "no vamos a permitirlo". "La condena a prisión y el efectivo cumplimiento, es un derecho de reparación de las víctimas".
"No se trata de una condena por robo, donde lo que quedó es el susto. Nuestra niña, a quien el Estado adeuda su protección y disculpas después de tanto sufrimiento causado, tiene las cicatrices en su psiquis, en su piel, y en su memoria. El arresto domiciliario de Dávalos sería la muestra de impunidad que legitima más violencias".
