Mientras el gobernador Gerardo Morales continúa con el chip electoral 2023 y una peculiar mirada futurista sobre las empresas del mañana: “quien no invierta en energía solar, litio o movilidad eléctrica en 30 años va a quedar fuera del mundo”, los problemas contemporáneos tienen a maltraer a los bolsillos del electorado jujeño, aún más que en la órbita nacional.
Durante los últimos 12 meses Jujuy tuvo dos grandes alzas de precios en diciembre cuyo nivel general alcanzó 6,4% en comparación al mes anterior y marzo del corriente año con 9,6% registro sin precedentes incluso a nivel regional, habitualmente más alto.
A diferencia de algunas provincias donde la clase política puso en marcha ambiciosos planes antiinflacionarios y entendiendo que el gobierno nacional adolece ineficacia en su “guerra contra la inflación”, el jujeño promedio se encuentra librado a su suerte ante la aceleración de precios.
Los empleados dependientes de la administración pública, cual último orejón del tarro lo saben perfectamente, habiendo perdido el 82% de su poder adquisitivo durante los últimos seis años y quedando al término del actual semestre casi 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación anual acumulada, una repetición casi sistemática durante la gestión Morales. Una historia completamente diferente ante los dietazos desproporcionados que fueron auto-aplicando los funcionarios de alta jerarquía.
Desde enero y hasta la fecha sobre los nueve rubros analizados por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) se establece que tal y como ocurre en los registros nacionales: Enseñanza (por cuestiones estacionales fundamentalmente) registró el aumento más notable 29,1% del corriente período, seguido de Alimentos y Bebidas con 27% Esparcimiento 26,2% Otros Gastos 25,5% Equipamiento del hogar 25,3% Atención médica 24%Transporte 23,9% Vivienda y Combustible 23,8% Indumentaria 20,6%