La interna legislativa destapó una compleja trama de contratos en el mercado eléctrico de la provincia. La abogada de defensa del consumidor, Alicia Chalabe, reveló que JEMSE le vende energía a EJESA a 79 dólares el megavatio por los próximos 20 años, cuando el valor de mercado es de 23 dólares.
Este miércoles hubo sesión en la Legislatura de Jujuy y un tema de discusión (aunque no fue tratado en un proyecto oficial) fue el de los tarifazos de EJESA.
Alicia Chalabe, abogada de la asociación de defensa del consumidor CODELCO, recogió el guante de lo ocurrido y en diálogo con Radio 2 advirtió sobre la aparición de nuevos "intermediarios" locales que encarecen el costo del kilovatio hora en detrimento del usuario final, violando los principios constitucionales de tarifas justas y razonables.
La letrada explicó que tradicionalmente la empresa EJESA le compraba la energía directamente al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la trasladaba al usuario según los precios fijados por Nación. Sin embargo, se revelaron resoluciones que incorporan nuevos agentes locales que "pueblan" y encarecen el sistema.
Señaló que salió a la luz un contrato firmado en 2022 —por un plazo de 20 años— mediante el cual la empresa estatal JEMSE (vendedora de la energía solar de la planta Cauchari) le vende electricidad a EJESA a un valor de 79 dólares el megavatio. Chalabe contrastó este valor contractual con los datos oficiales actuales: ayer, la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó un informe integral de tarifas que sitúa el valor real del megavatio en el mercado mayorista nacional en 23 dólares.
Esto significa que los jujeños pagan la energía de Cauchari casi 60 dólares más cara de lo que cuesta en el sistema interconectado general.
La especialista en defensa del consumidor marcó además que mediante otra resolución, el Poder Ejecutivo y la SUSEPU autorizaron incorporar a las facturas de los usuarios el costo de abastecimiento de los parques solares de Chalicán y Perico, operados por la firma Industria Juan Seco S.A., lo que representa una erogación de 106.000 dólares mensuales. Lo grave, según denuncias legislativas que la propia Chalabe constató visualmente en El Carmen, es que estos parques solares no están conectados al sistema ni se encuentran funcionando, estando tapados de pasto.
La abogada afirmó que cualquier modificación sustancial del mercado eléctrico requería por ley licitaciones y audiencias públicas, instancias que fueron completamente omitidas.
