Respecto al proyecto del Poder Ejecutivo que establece un régimen de alivio fiscal por un plazo de seis meses —contemplando la reducción de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y la suspensión de ejecuciones fiscales para el sector comercial—, el legislador anticipó el acompañamiento de su bancada, aunque advirtió que la medida tiene sabor a poco.
"Es un proyecto insuficiente. Un plazo de seis meses es como una pastilla efervescente en un vaso de agua: dura poquito", graficó Ballesty, señalando que la crisis de las pymes y micropymes jujeñas se arrastra desde hace tiempo. En ese sentido, planteó que el beneficio debería prolongarse temporalmente y extenderse a actividades que dinamizan la provincia y quedaron excluidas, tales como el turismo, la gastronomía y la hotelería.
Embed - Alivio fiscal y tarifas de EJESA: fuerte cuestionamiento a la política económica provincial
La radiografía de la boleta de EJESA
El punto de mayor fricción radica en el costo de los servicios públicos. El referente libertario denunció que las familias y los comerciantes jujeños afrontan boletas donde "el 50% del total corresponde puramente a impuestos, tasas y otros conceptos" que no guardan relación con el consumo energético real.
Entre estos cargos, apuntó de forma directa al FOPEJ (Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy) y a las tasas de fiscalización de la SUSEPU, además de los gravámenes municipales adosados. Para Ballesty, el elevado costo es el resultado de una "mala decisión de política energética, fiscal y tarifaria" de la gestión provincial.
Al evaluar los motivos por los cuales el Gobierno de la provincia se resiste a "descolgar" estos ítems de la factura de EJESA, el diputado argumentó una doble intencionalidad: por un lado, evitar una caída en la recaudación y el encarecimiento del cobro de dichas tasas por separado; por el otro, una resistencia política a convalidar la Resolución 267/24 del Gobierno Nacional, la cual prohíbe explícitamente a las empresas prestatarias incluir cargos ajenos al servicio.
Este escenario tarifario, según alertó, ya se traduce en el cierre de locales comerciales y el surgimiento forzado de los denominados "kioscos de ventanilla", una alternativa a la que apistan los comerciantes al tener que trasladar la actividad a sus propios domicilios por la imposibilidad de sostener los costos fijos.
Polémica por la Cuenta de Inversión
Finalmente, Ballesty se refirió a la polémica remisión de la cuenta de inversión a la Auditoría General de la Provincia. El diputado tildó de "pretexto e infundada" la justificación oficialista que argumentaba una presunta falta de personal capacitado en el Poder Legislativo.
"La Legislatura tiene el personal capacitado", aseveró, detallando que el bloque de La Libertad Avanza aguardará el dictamen del organismo de control —proceso que estimó demandará entre uno y dos meses— para analizar exhaustivamente el detalle de la cuenta única y emitir su propio criterio.
