Sólo 9 provincias enviaron la base de datos de sus empleados. Restan 15 distritos y CABA, mientras que el gobierno bonaerense respondió de manera parcial. Un nuevo escándalo vinculado a los planes sociales.
Un nuevo escándalo envuelve a la política estatal de asistencia para desempleados, denominado Potenciar Trabajo.
El fiscal federal Guillermo Marijuan investiga a los empleados públicos de las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en paralelo, son beneficiarios del programa más importante del ex ministerio de Desarrollo Social, que ahora está administrado por la Secretaría de Niñez y Familia, en la órbita del ministerio de Capital Humano.
Si bien los datos que hasta el momento recibió el funcionario judicial son parciales porque no todas las provincias respondieron, ya se puede afirmar que existen, como mínimo 5.000 incompatibilidades.
En las últimas horas el fiscal envió un oficio con “apercibimiento del incumplimiento de funcionario público” a los gobernadores que hasta ahora no enviaron las bases de datos de sus empleados públicos, ordenada por Marijuan a principio de noviembre.
Solo 9 provincias cumplieron con la demanda judicial. Las otras 15 no lo hicieron: Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A la nómina se debe sumar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la fiscalía los investigadores evalúan dos posibilidades: “o no quieren dar a conocer los datos porque es un hecho escandaloso y que va contra la normativa del Potenciar Trabajo - que establece que la persona que consigue trabajo mientras lo está cobrando queda automáticamente suspendido en su cobro” -, o “están atrasados por las elecciones y el cambio de gobernadores en varios distritos”.
Hasta el día de hoy, y en base a los entrecruzamientos ordenados por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), y que se realizó con la nómina de empleados públicos de las provincias que respondieron, y realizado por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) surgen que como mínimo existirían 4.656 incompatibilidades y en condiciones de ser dados de bajo.
A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
Además, la normativa vigentes indica que: “La misma reglamentación establece que la pérdida o modificación de la condición de vulnerabilidad social del titular acreditado al momento del ingreso, al igual que la falsedad de las declaraciones juradas debidamente constadas conllevan al egreso del Programa (conf. Res. 1868/2021 MDS)”.
