El Tribunal en función de juicio, reunido en la sede del Poder Judicial de la calle San Martín, resolvió por unanimidad frenar el inicio de las audiencias tras hacer lugar a un planteo conjunto formulado por los abogados defensores.
La jornada comenzó con una novedad en la conformación del cuerpo colegiado: la jueza Pilar Medina se sumó al estrado en reemplazo del vocal Mario Puig, quedando el tribunal integrado íntegramente por magistradas bajo la presidencia de trámite de María del Rosario Hinojo, acompañada por Felicia Barrios y la propia Medina.
El detonante: dos nuevos acuerdos antes de empezar
Cuando todo estaba dispuesto para dar lectura a la requisitoria fiscal de elevación a juicio —impulsada por el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Diego Funes—, una presentación previa alteró por completo el escenario procesal.
Antes de la apertura formal del debate, el defensor oficial Esteban Salinas Saguir, integrante del Ministerio Público de la Defensa, informó que había arribado a sendos acuerdos procesales con la Fiscalía respecto de dos de los cinco acusados que debían sentarse en el banquillo. En concreto, se solicitó la aplicación de un juicio abreviado para Benjamín Taritolay —imputado por asociación ilícita— y la concesión de la suspensión del juicio a prueba (probation) para Kevin Rodríguez, acusado de asociación ilícita, fraude y lavado de activos.
Ante estas salidas procesales, ambos involucrados quedaron automáticamente apartados del debate oral. De este modo, de los ocho imputados originales que tuvo la investigación penal iniciada en 2024, cinco ya resolvieron su situación mediante acuerdos previos (tres homologados con anterioridad y los dos sumados hoy), reduciendo a solo tres el grupo de acusados que enfrentará el juicio oral.
El reclamo de las defensas y la decisión del Tribunal
El apartamiento de Taritolay y Rodríguez motivó una rápida reacción de los letrados que asisten a los tres imputados que continúan sometidos al proceso: Marcelo Choque y Rosario Cejas (defensores del principal acusado, Matías Daniel Yebara), Raúl Domínguez (en representación de Sandra Aguayo) y Hugo Ramos junto a Leonela Lara (por Alejandra Ramos, en un caso donde Ramos también ejerce su propia defensa técnica).
Durante su exposición ante las juezas, los defensores solicitaron formalmente la suspensión del juicio. Argumentaron que las resoluciones alcanzadas respecto de Rodríguez y Taritolay introducen modificaciones sustanciales que inciden de manera directa en las estrategias defensivas de sus clientes. En esa línea, remarcaron que resulta indispensable contar con los fallos firmes de dichos acuerdos y readecuar la plataforma fáctica de la acusación, excluyendo con precisión los hechos, roles y circunstancias atribuidos a quienes acaban de quedar fuera del proceso.
Tras escuchar las posturas de las partes, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio para deliberar y regresó a la sala con una resolución unánime: hacer lugar al pedido de suspensión. Al fundamentar la medida, las magistradas sostuvieron que estas circunstancias sobrevinientes, planteadas al inicio mismo de la audiencia, podían afectar el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio de los tres acusados restantes.
De acuerdo con lo resuelto por fuentes judiciales, el debate oral permanecerá suspendido hasta tanto queden firmes las resoluciones correspondientes a Rodríguez y Taritolay. Recién una vez cumplida esa instancia procesal, las partes deberán solicitar a la Oficina de Gestión Judicial la fijación de un nuevo cronograma de audiencias, dejando sin efecto las fechas que habían sido pautadas originalmente para el resto del mes de noviembre.
La trama de las estafas y los cabecillas que siguen en la mira
Con este nuevo escenario, el Ministerio Público de la Acusación concentrará toda su carga probatoria sobre los tres acusados restantes, encabezados por Matías Daniel Yebara. El ex efectivo policial y ex empleado administrativo del Juzgado Contravencional llega al proceso señalado como el presunto jefe de la asociación ilícita, además de enfrentar cargos por fraude a la Administración Pública y lavado de activos agravado en concurso real.
Cabe recordar que Yebara ya se encuentra cumpliendo una condena firme de siete años de prisión efectiva por otra causa vinculada a chantaje, uso de documento falso y estafa procesal. Si bien en este expediente declaró bajo la figura de imputado colaborador ("arrepentido"), fuentes de la fiscalía confirmaron que sus manifestaciones no aportaron datos relevantes ni elementos que pudieran ser corroborados para el avance de la pesquisa.
Junto a él permanecen en el banquillo Sandra Aguayo y Alejandra Ramos, ambas acusadas de integrar la asociación ilícita, defraudar al Estado y cometer lavado de activos agravado por su condición de funcionarias públicas.
Según la hipótesis sostenida por el fiscal Diego Funes, la organización operó entre enero y agosto de 2024 aprovechando sus funciones dentro del Juzgado Contravencional N° 1. Los implicados captaban a ciudadanos que acudían a regularizar infracciones y los engañaban haciéndoles creer que abonaban multas oficiales o realizaban "donaciones" a entidades públicas.
Sin embargo, el dinero era exigido en efectivo o desviado directamente hacia cuentas bancarias personales y billeteras virtuales de los propios acusados o de allegados cómplices, sin ingresar jamás a las arcas provinciales. Para encubrir el desfalco, utilizaban sellos apócrifos, adulteraban actas para simular la cancelación de las deudas y "cajoneaban" o destruían los expedientes físicos.
La causa paralela contra el ex juez Ustárez Carrillo
Mientras el juicio oral aguarda su reprogramación, en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación continúa abierta una segunda línea investigativa de alto impacto institucional, centrada en el accionar del ex juez José Matías Ustárez Carrillo, quien estaba al frente del Juzgado Contravencional N° 1 durante el período en que se ejecutaron las maniobras.
El exmagistrado se encuentra formalmente imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de esta trama que provocó un perjuicio millonario al erario provincial. Acorralado por el avance de las actuaciones judiciales, Ustárez Carrillo presentó oportunamente su renuncia al cargo, dimisión que fue aceptada por el Poder Ejecutivo provincial con vigencia a partir del 31 de julio de 2025.
